Luego de la visita del fiscal estadounidense William Barr y de las intervenciones agresivas del embajador americano Christopher Landau en temas delictivos, las oficinas de inteligencia, narco y seguridad de EU lanzaron una ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación: el hermano del líder de la organización fue deportado de México a EU y la hija fue arrestada en territorio americano.

Con esas acciones, Washington toma la iniciativa de una ofensiva contra ese cártel y previsiblemente prepara otra contra el Cártel de El Chapo. Esas dos organizaciones son consideradas en la Casa Blanca como transnacionales, es decir, que tienen su sede en México y son las principales bandas de tráfico y venta de droga en EU.

El líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, es de los delincuentes más buscados en EU, porque domina el mercado de la cocaína y del tráfico de armas. Hasta ahora, ese capo conocido como El Mencho construyó antes el grupo de Los Zetas como grupo criminal que también opera con impunidad en territorio estadounidense.

Los tentáculos del CJNG están en casi 80% del territorio mexicano, exhiben con impunidad camionetas con escudos del grupo y conviven con pobladores locales.

El problema radica en que la estrategia mexicana dejó de perseguir capos para crear un ambiente de distensión violenta; pero la extradición de El Menchito y el arresto de la hija de El Mencho va a provocar una reacción violenta del cártel en México, porque cuidan de no explotar violencia en EU. En oficinas mexicanas de seguridad aumentó la tensión por el sorpresivo arresto de la hija.

Las presiones contra el CJNG también van a provocar un reacomodo de grupos delictivos, porque están viendo que El Mencho apresuró la expansión de su cártel sin tener consolidadas sus fuerzas.

El indicio más importante radica en que EU está provocando una nueva narcoguerra como la que provocó centenas de miles de muertos en dos sexenios.

Zona Zero

  • En las tres semanas previas al 9 de marzo de paro femenino no han registrado ninguna nueva iniciativa gubernamental contra los feminicidios, a pesar de que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla protocolos, obligaciones y medidas cautelares. Después que no se quejen de las protestas de mujeres.

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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