Aunque no era un tema prioritario en la agenda legislativa de Morena, a partir de hoy comienzan en el Senado las reuniones de cuatro comisiones parlamentarias que tienen como único fin redactar la iniciativa para la legalización del consumo de mariguana con fines lúdicos.
Ya ha habido un amplio debate sobre el tema, sobre la conveniencia de regular la producción, la distribución y la comercialización, por parte del Gobierno, que podría obtener, según cálculos conservadores, más de 5,000 millones de pesos en impuestos con la legalización de la cannabis.
El uso médico de la planta está autorizado desde hace años, pero la Cofepris ha sido omisa en la reglamentación secundaria por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó como plazo el 30 de abril de este año para contar con la normatividad respectiva.
Eso en cuanto al uso medicinal.
En cuando al uso lúdico, hay grupos que se oponen pues consideran que legalizar el consumo no disminuirá la delincuencia derivada del tráfico de estupefacientes y por el contrario generará un problema de salud pública que en este momento el país no puede atender.
La iniciativa que se filtró hace unos meses establecía incrementar la portación de cannabis para uso personal, de cinco a 28 gramos sin que el portador pudiera ser detenido ni remitido a las autoridades.
También establecía que el consumo no podía hacerse en público, ni cerca de centros escolares, ni en transportes particulares.
El Gobierno sería el encargado de otorgar las concesiones a quienes quisieran cultivar o comercializar, pero el transporte, para evitar delitos, sería responsabilidad federal.
Hasta el momento, no existe una estadística confiable sobre el número de mexicanos que consumen mariguana con fines lúdicos, porque siempre las encuestas tienen una cifra negra altísima que altera los resultados.
En el Gobierno de Peña Nieto se pensaba que aún cuando la posible legalización implicará un aumento del consumo de entre 5 y 8%, la cifra era manejable por nuestro sistema de salud pública.
En todo caso, argumentaban, el tratamiento resultaba menos costoso para el erario que el precio que había que pagar por la violencia desatada por los cárteles de la droga.
Puede ser, pero habrá que consignar que para el Gobierno de la 4T, el tema no está definido.
Por una parte esta la posición de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a favor de la legalización y sobre cuya iniciativa -la presentó como senadora antes de irse a Bucareli- se tejió toda la discusión.
Y por otra parte está la del presidente López Obrador que no está de acuerdo en la legalización para uso lúdico pero que tampoco puede postergar una decisión definitiva sobre el tema.
Veamos qué opinan los legisladores.
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Dos ex colaboradores de igual número de ex Presidentes tienen al mundillo político -no al de las Mañaneras, que ese se mide con otra vara-, con el Jesús en la boca.
Los casos de Genaro García Luna y Emilio Lozoya Austin siguen sin “reventar’’, es decir, sin exponer las supuestas ligas de sus ex jefes Felipe Caderón y Enrique Peña con la delincuencia común y la organizada en perjuicio del país.
Ayer García Luna ofreció un millón de dólares como fianza par seguir su proceso en libertad; la cantidad ofendió a muchos pues si tiene ese dinero a la mano, ¿de qué tamaño es la fortuna?
Lo de Lozoya está a la espera de la audiencia con el juez español; no se ve que pueda salir bajo fianza.
Y mientras discutimos -con sorna- si era la quincena, la decena o la docena trágica, ambos casos siguen si ofrecer las revelaciones que cimbrarían al país.
¿Extraño, o no?