@guerrerochipres

Es inadmisible la impunidad ante un feminicidio, lo es también la filtración de su imagen en exhibición de una brutalidad inimaginada y lo son reacciones que expresan resistencia a reconocer que ya estamos en un punto de quiebre en materia de violencias en general y de violencia de género en particular.

A esos tres niveles de inaceptabilidad nos enfrentamos en éste que es el segundo año en que la violencia de género, el machismo hiperviolento y psicópata se convierte en una variable que lastima los esfuerzos de la ciudadanía, de los organismos de la sociedad civil, de los activistas y de las autoridades para recuperar la seguridad y garantizar la justicia de todas.

Algunas de las reacciones de cuentas de Twitter de mujeres parecen contrariar, también, toda sensación preconcebida de que avanzamos en cultura cívica y de la legalidad y la justicia. “Son las mujeres las que deciden hasta dónde llega un hombre”, dicen como señalando que, pese a toda lógica, sería de la víctima parte esencial de la responsabilidad.

La filtración de una denuncia, en la que se acusó a un grupo de policías de haber violado a una menor en Azcapotzalco en agosto del año pasado, fue el detonante de una serie de protestas. La mayoría tenía fundamento. Todas sumadas a otras agresiones sexuales cometidas por varones en el mismo lapso de tiempo eran y son inaceptables.

¿En qué medida somos corresponsables de la ultraviolencia material del feminicidio como el de Ingrid? ¿De qué manera ignoramos la oportunista y amarga violencia perio-dística que usa filtraciones? Somos corresponsables si consumimos ese contenido, también si lo compartimos.

En las manifestaciones feministas de 2019 se rompieron las puertas de la entonces PGJ. Ahí se expresó un punto de partida y el inicio de una ruta hacia la Glorieta de Insurgentes. Surgió el hashtag #NoMeCuidanMeViolan. Pese a que en el caso de la menor en Azcapotzalco presuntamente violada no hubo pruebas y las evidencias terminaron por no coincidir con su testimonio. El trasfondo era el reclamo por la forma en que algunos medios y autoridades han manipulado y revictimizado a las víctimas de violencia de género.

Tras el feminicidio de Ingrid Escamilla, y la forma en que el ilícito fue tratado, al margen de todo protocolo, puesto que se filtró material audiovisual del homicida, así como imágenes explícitas del cuerpo de la víctima, la FGJ se ha comprometido a aplicar las sanciones administrativas y penales para los responsables de difundir dicho material. 

La investigación está en proceso y hay seis elementos especializados (policías y peritos) en la mira por su presunta responsabilidad. Al concretarse las investigaciones, se habrá dado un paso trascendente para evitar la revictimización y que se respete la memoria de las víctimas.

Mientras la impunidad no termine y no acordemos respetar un marco ético, la violencia contra el cuerpo, la imagen, el símbolo y la implacable y bestial criminalidad individual y colectiva no concluirá.