El choque entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de El Salvador por la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para modenizar al Ejército y a la Policía se asienta en una larga crisis en materia de seguridad que sigue sin solución.
El Plan Control Territorial (PCT) del presidente salvadoreño Nayib Bukele requiere 575 millones de dólares para garantizar la seguridad en El Salvador, meta al parecer inalcanzable, lo mismo para las estrategia tradicionales que para las alternativas.
De dicho total, 200 millones se obtendrán de préstamos, y los restantes 375 serán aportados por “países amigos”, indicó el mandatario hace exactamete siete meses, el 10 de julio pasado.
De la cifra proveniente de préstamos, poco más de la mitad, 109 millones corresponden a un empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y permitirán concretar la Fase III, que consiste en la modernización del ejército y las fuerzas policiales del ministerio de Justicia y Seguridad.
El BCIE aportará esos recursos a un plazo de 20 años y 36 meses de gracia. Datos del ministerio salvadoreño de Hacienda ubican a 31 mil derechohabientes de las Fuerzas Armadas como beneficiados.
También se beneficiará a mil 963 agentes policiales y 17 mil soldados, mediante la adquisición de equipo e infraestructura de videovigilania, movilidad estratégica, equipo táctico y modernización hospitalaria.
Se cita la compra de drones, helicópteros, 166 patrullas, uniformes, chalecos antibalas, ambulancias, equipos de laboratorio y un buque.
En contra del plan
Los opositores Frente Martí de Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) señalaron que tienen dudas sobre cómo se ejecutarán los recursos, y a través de sus legisladores retiraron de la agenda el dictamen sobre el préstamo.
Mientras tanto, El Salvador acumula ya 15 años de políticas de seguridad fallidas, incluyendo enfoques alternativos que buscan prevenir la violencia atacando las raíces sociales de las pandillas, principales responsables, señaló Crisis Group en su estudio sobre la situación, fechado en diciembre de 2017.
La ONG describe que el país centroamericano “está siendo azotado por una implacable guerra entre pandillas. Una violencia excepcionalmente intensa y persistente enfrenta a pandillas callejeras rivales, así como contra la Policía y el Estado”. /NOTIMEX
LEG