Mucho se ha dicho en las últimas semanas sobre las iniciativas de reforma que pretenden hacer retroceder al sistema penal acusatorio, recibido con algarabía en el año 2008 y despachado con desdén en la actualidad. Los integrantes del Poder Legislativo atribuyen el fracaso del sistema -sí, así lo han llamado, sin filtro lingüístico alguno- a los operadores técnicos (ministerios públicos, asesores jurídicos, jueces, defensores), mientras que los operadores consideran que el actual desempeño del sistema penal requería muchos mas recursos económicos, materiales y humanos, para soportar la transición.

 

Lo cierto es que nadie en estos momentos ha volteado a ver a los sujetos sobre quienes recaen los efectos del sistema penal acusatorio: las víctimas del delito. En el caso de éstas últimas, la suscrita he sido testigo de cómo el sistema penal acusatorio ha sido cruel con ellas, casi tanto como lo fuera el anterior sistema con los acusados. Hablar de un reconocimiento del derecho de las víctimas a participar en el proceso penal significaba un logro sin precedentes para nosotras las víctimas, que representaría gran satisfacción. Nos equivocamos.

 

Afirmo lo anterior porque las víctimas del delito son constantemente revictimizadas durante todo el proceso penal. Cuando hablo de revictimización, me refiero a toda la serie de prácticas sistemáticas dentro de un proceso que implican que la víctima reviva el hecho sufrido, así como las emociones negativas que vivió en el momento de éste. Por ejemplo: podemos empezar diciendo que una víctima, si quiere obtener justicia y verdad, debe declarar al menos dos veces cómo murió su ser querido, cómo fue agredida, cómo le robaron, cómo le lastimaron, pues si un ministerio público no conoce los detalles de su sufrimiento no puede investigar, y si un tribunal de enjuiciamiento no escucha de propia voz de la víctima lo ocurrido, no podrá, en una considerable cantidad de casos, encontrar demostrada la culpabilidad del acusado.

 

Hablar de reparación del daño se volvió un tema tabú en el nuevo sistema de justicia penal: las salidas alternas y los mecanismos de aceleración que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales no sólo evidenció el efecto “puerta giratoria” entre los acusados, sino que también hizo de la obligación moral y jurídica de reparar el daño un juego en donde se vale decir “debo, no niego. Pago, no puedo”, pues al eliminar la olbigatoriedad de entregar una cantidad económica por concepto de pago de reparación del daño, muchos inculpados prefieren “jugársela” en un juicio oral que pagar a la víctima, al fin y al cabo no pisarán cárcel.

 

Exigir que todas las víctimas cuenten con un abogado asesor jurídico significó uno de los mayores retos en el sistema penal acusatorio, tan grande, que ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni la Fiscalía General de la República han logrado resolver. Definitivamente era necesario garantizar la asesoría técnica adecuada para las víctimas, lo mismo que la defensa técnica para los inculpados, pero nadie se puso a pensar en el número de personas que han sido victimizadas. Ho y, los asesores jurídicos que trabajan en los Centros de Atención a Víctimas o Comisiones Estatales de Atención a Víctimas tienen un promedio de doscientos casos por asesor, cada uno de ellos representa al menos una persona que ha sufrido un hecho victimizante y ha sido maltratada por el sistema de justicia penal. Sin embargo, ganan mucho menos de la mitad que un defensor público, lo que me parece un insulto hacia las víctimas. La realidad supera la ficción, y la realidad superó a la Ley (“menos mal” que sólo el siete por ciento de las víctimas denuncia los hechos).

 

Estoy segura de que el Congreso de la Unión centra su preocupación por el fracaso del sistema de justicia penal acusatorio en las cifras que demuestran impunidad. Pero hay algo detrás de esas cifras, algo mucho mas doloroso y preocupante: nuestras víctimas padecen un sistema que las invita de un modo rudo y frío a participar en un procedimiento que no tiene ninguna garantía para ellas, y eso sí debería ser un motivo poderoso para repensar el sistema de justicia penal.