En el diagnóstico realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la extinta Procuraduría General de la República (PGR), identificaron “un alto nivel de ineficiencia en la procuración de justicia y una falta de comprensión de los mercados criminales”.
De acuerdo con el Plan Estratégico de Transición remitido por la fiscalía al Senado de la República, se detectó “la falta de priorización en los delitos considerados de alto impacto, la carencia institucional en la comprensión de los mercados criminales que hoy en día afectan al país, así como un plan estratégico de persecución penal de coordinación y transparencia en la propia persecución de los delitos”.
En el documento, del cual se desprende un diagnóstico “negativo”, la fiscalía establece la necesidad de generar nuevos esquemas de trabajo, armonizados con un modelo normativo idóneo, práctico y operable del nuevo diseño institucional.
Actualmente, reconocen, la estructura, granularidad y mala calidad de los datos complica su intercambio y procesamiento, “ocasionando que la información no sea del todo fidedigna”.
Además, destaca que la gran cantidad de normas vigentes, generan “confusión y prácticas informales en los procedimientos”.
El informe indica que por años ha existido una limitante en el haber de la persecución penal, “ya que se cuenta con una capacidad limitada para realizar labores de investigación criminal, lo que evidencia la falta de organización y gestión, así como la necesidad de contar con un perfil institucional definido”.
Ante ello, señala que la transición de la PGR a la FGR deberá erradicar la improvisación, así como el estilo del titular en turno. “Será necesario un esquema de desarrollo organizacional profesional (…) en la inteligencia de generar los resultados esperados a través de acciones transparentes que aseguren un cabal cumplimiento de la función pública”.
El diagnóstico resalta que a un año del nombramiento del primer fiscal General de la República y a la luz de la experiencia acumulada en dicho periodo, existen algunos aspectos que deben ser reconsiderados, debido a que “impedirían concretar la aspiración de diseñar e instalar la Institución que, con autonomía constitucional, cumpla con la persecución de los delitos del orden federal”.
Respecto a los recursos económicos, destaca la disminución del presupuesto para 2020, pues para el ejercicio 2019, aprobado para la entonces PGR, se aprobó un monto de 15 mil 351 millones de pesos; y para 2020, la fiscalía solicitó un monto de 18 mil 202 millones de pesos.
Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó la cantidad de 16 mil 680 millones de pesos; es decir, mil 522 millones de pesos menos de lo solicitado; “situación que obligará a replantear la asignación de recursos y muy probablemente atender con mayor gradualidad las acciones de transformación planteadas”.
Limitantes
-El diseño institucional establecido no facilita la debida coordinación de las diversas áreas y funciones que se requieren para el adecuado desarrollo de la función fiscal.
-No se clarifica la posición de coordinación que debe tener la fiscalía dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahora como órgano constitucional autónomo.
-La falta de los requisitos de ingreso, permanencia y las causales de responsabilidad que afectan el funcionamiento de la Institución, y permiten desvincular a los miembros del Servicio Profesional de Carrera.
-La existencia de una Coordinación General posee un ámbito competencial desproporcionado y de suma relevancia en el entramado institucional.
LEG