A México se le acabó el tiempo para discutir, de manera oportuna, una reforma al sistema de pensiones que permitiera reducir los costos fiscales que representan el pago para las jubilaciones de los trabajadores, mismos que afectarán las finanzas públicas a corto plazo, advirtieron expertos consultados por 24 HORAS.

 

Víctor Ramírez Fuentes, ex presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), señaló que necesita existir una discusión más profunda sobre el rubro de pensiones en México, ya que la reacción por parte de las autoridades ante el supuesto tope de salarios mínimos fue muy apresurada y dejó ver la sensibilidad política que existe en cuanto al tema.

 

Además, consideró que el Gobierno perdió la oportunidad para discutir una reforma al sistema de pensiones que hubiera reducido los costos fiscales que se pagan por retribuciones de 25 salarios mínimos.

 

Precisó que la controversia generada debería de dar pauta a una discusión interna dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para evaluar las implicaciones de pagar pensiones de 25 salarios mínimos.

 

“Pagar pensiones de 25 salarios mínimos le cuesta al país una cantidad de recursos muy significativa; son muy generosas, altamente subsidiadas y que no tuvieron correspondientes flujos de entrada, es decir, el ahorrador no aportó lo suficiente para llevarse una pensión de esa magnitud”, aseveró.

 

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados se calcula que en 2035 las obligaciones pensionarias a ese año ascenderán a 1.2 billones de pesos. Además, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto en pensiones aumentó 35.5% desde 2014, con un ritmo anual promedio de 5.2%.

 

Incluso, proyecta que el gasto en pensiones de reparto aumentaría a 5.8% del PIB en 2030, equivalente al 3.3% del PIB con relación al Proyecto de Egresos de la Federación 2020, sin tomar en cuenta el gasto en cuentas individuales y pensiones no contributivas.

 

Ramírez Fuentes consideró que los recursos empleados para el pago de pensiones podrían aprovecharse en educación, infraestructura, seguridad, entre otros rubros. En paralelo, consideró que no hay una igualdad entre los beneficios que pueden recibir los trabajadores pensionados por el régimen de 1973 y 1997, debido al monto total de pensiones, semanas de cotización y otros factores.

 

Ricardo Martínez, abogado laboral y socio fundador del Despacho De la Vega & Martínez Rojas, aclaró que no se pondrán en riesgo las pensiones de los trabajadores. Sin embargo, recomendó que las personas pueden acudir a las áreas de afiliación del IMSS y averiguar cómo está calculada su pensión. De presentarse un error o inconformidad, se podrá levantar una queja ante el Instituto.

 

“La deuda más alta del Estado es en materia de pensiones, a largo plazo se podría afectar el bienestar de la población. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue jurídicamente correcta, aunque pudiera tildarse de injusta”, sostuvo.

 

DAMG