Holbox: revive conflicto que data del gobierno legítimo

El 5 de noviembre de 2010, un grupo de ejidatarios de la isla de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas en Quintana Roo, solicitaron, al entonces autoproclamado presidente legítimo de Andrés Manuel López Obrador, ayuda para enfrentar el despojo de sus parcelas por parte del empresario Fernando Ponce García.

El 23 de enero pasado, más de ocho años después, entregaron la misma petición otra vez a López Obrador, ahora como presidente constitucional de la República y a su consejero jurídico, Julio Scherer, para solicitarles su intervención.

En la misiva entregada se detalla un añejo caso en el que la reforma al artículo 27 Constitucional de 1992 abrió la posiblidad para que los terrenos ejidales pasaran a tener un valor comercial, que en el caso de Holbox, se volvió esencialmente turístico.

Relata cómo la instrumentación del Programa de Certificación de Derechos Agrarios (Procede), hace casi 30 años fue mal hecha en perjuicio de los ejidatarios.

“La puesta en práctica del Procede en la península de Yucatán y en el estado de Quintna Roo llegó tarde y mal, porque el Programa comenzó a desdibujarse en cuanto a los beneficios reales que deberían obtener los ejidatarios de la zona.

“En el caso de Holbox, se estima que ya desde la asamblea de anuencia para autorizar la medición en 1997, se encontraban presentes personas ajenas al ejido interesadas en comercializar las tierras para un beneficio privado”, detalla el documento entregado.

Acusa complicidad en ese entonces de los delegados federales de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, de las secretarías de la Reforma Agraria, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas.

La medición de los ejidos en Holbox la hizo Fernando Ponce García, quien para hacerse pagar sus servicios, señalan, se cobró con los mejores terrenos de la isla, además de comprar las parcelas de 70 ejidatarios.

Lo acusan de fabricar asambleas ejidales donde concretó el despojo de la totalidad de las tierras ejidales, ya que al formalizar la compra-venta de las parcelas pidió a los ejidatarios dejar en garantía los certificados individuales sobre las tierras de uso común, tiempo después se enteraron que supuestamente habían vendido todo.

Ponce García, indican, ha constituido fideicomisos para comercializar las tierras ejidales, actos en los que se encuentra involucrado el banco JP Morgan e inversionistas de Nuevo León.

LEG