Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de 24 HORAS.

Violencia contra la mujer; el tiempo se agotó

Compartir

Magistrados, jueces, directores, maestros, médicos, sacerdotes… no hay una figura de autoridad, a la que una mujer violentada pueda acudir con plena confianza a denunciar. Y si eso pasa con los adultos o adolescentes ¿qué pueden hacer los niños?, ¿quién los defiende?

Enero esbozó perfectamente en dónde está parada una mujer víctima de violencia en nuestro país:

La semana pasada se conoció el caso de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que enfrenta una denuncia por el delito de violencia sexual contra sus hijas de cinco y siete años.

El caso aún no se resuelve y el magistrado, quien alega ser inocente, no ha sido sentenciado. Pero, cómo se puede garantizar imparcialidad en una investigación y en las decisiones de los jueces que se deberían dar en un caso como éste.

Por ejemplo: la madre pidió suspender la convivencia del padre con las hijas y el Juez de lo familiar no se ha pronunciado. Y hay dudas, por la sencilla razón de que en el escalafón un magistrado se encuentra por arriba de un juez y nada descarta que, incluso, pueda existir algún contacto o tipo de relación entre uno y otro.

Una situación similar pasa con la sentencia contra el magistrado Fernando Reza Saldaña, destituido e inhabilitado por 10 años por acoso sexual a 10 mujeres. Una sentencia que le salió barata, si tomamos en cuenta su posición en el escalafón del Poder Judicial.

El caso del director de Mexicanos en el Exterior de la SRE, por acoso a cinco mujeres es otro de los que mencionábamos en una columna anterior. La denuncia sigue, pero las relaciones políticas que alcanzan este tipo de personajes pueden llegar hasta jueces y magistrados o a integrantes de las fiscalías.

México debe construir una estructura para el combate a la violencia contra la mujer dedicada específicamente a ese problema con presencia en escuelas, agencias del Ministerio Público, hospitales, centros de trabajo.

Como parte de esta construcción, se tiene que armonizar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con los códigos penales y civiles estatales, y por medio de un portal de internet dar seguimiento a cada una de las denuncias, con un estatus que transparente el curso de los expedientes, pero que también resguarde el nombre de las víctimas. Todo indicio de violencia doméstica debería ser denunciada por médicos, profesores, o responsables administrativos a un centro receptor.

Suena radical pero las cifras de feminicidios son alarmantes y suben día con día y, en muchas ocasiones, si se hubiera atendido el caso cuando comenzó la violencia, que en muchos casos fue desde la niñez, quizá se habrían salvado cientos o miles de vidas.

#A’iVieneElLobo

A dos meses del feminicidio de Abril, el crimen sigue impune. El caso exhibe las fallas del sistema de defensa de mujeres víctimas de la violencia en nuestro país. Desde una deficiente recepción de la denuncia así como en la investigación y ejercicio de la Ley para hacer justicia.

Compartir

NOTAS RELACIONADAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

OPINIÓN