Entre críticas de la oposición, Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expuso su primer informe de trabajo ante el Congreso de la Unión.

Los legisladores reprocharon la falta de pronunciamientos de la ombudsperson en temas como la crisis en materia de salud por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur y los altos índices de inseguridad y violencia que colocaron a 2019 como el año más violento en la vida moderna del país con 34 mil 582 homicidios dolosos, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Es una vergüenza de informe lo que acabamos de escuchar, por un lado una presidenta que ilegítimamente asume el cargo, y que hoy muestra que meramente está ahí para ser un activista pro Gobierno”, declaró el senador del PAN, Damián Zepeda.

El senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, lamentó que hoy se esté dando al traste con “todo el prestigio de la CNDH, hoy tenemos un membrete, pero no tenemos al frente a una persona que esté reivindicando la naturaleza de la CNDH”, declaró.

Mientras que el priista, Enrique Ochoa, dejó en claro que los derechos humanos “no son trofeo ni bandera de un Gobierno en particular, son el blindaje permanente que goza todo individuo para evitar el ejercicio abusivo del poder, de cualquier autoridad, de cualquier gobierno”, advirtió.

Durante su presentación, Piedra Ibarra denunció que el fracaso de ese organismo ha sido muy costoso y “afrentoso” para los mexicanos.

Ante la Comisión Permanente destacó que la CNDH ha tenido una “dispendiosa estructura burocrática, no ha respondido a las necesidades ni expectativas ciudadanas ni se ha conducido con transparencia”.

Consideró que la inutilidad del organismo que hoy dirige, no es un problema de personas, sino estructural, pues fue concebida en los Gobiernos neoliberales “como un escaparate para consumo del extranjero, para dar una imagen de derechos humanos favorable al gobierno, pero no más que una pantalla, uno más de esos organismos públicos solo en apariencia autónomos, estructuralmente diseñados con fines cosméticos para administrar los problemas de los gobiernos en turno, esconder los abusos de poder y poner en la congeladora conflictos que no eran de interés de los gobernantes o que le resultaran incómodo”.

Y reconoció los retos que tiene dicha Comisión y se comprometió a promover, defender y divulgar los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

LEG