Al presidente de Estados Unidos le ocupa tener una defensa competitiva en su juicio político, por eso reforzó su cuerpo legal, pues a partir de mañana la nación protagonizará una de las luchas más importantes de su historia, tras semanas de debate y años de confrontación sobre los límites y alcances de la extraordinaria autoridad de la Presidencia de Estados Unidos, que no tiene paralelo en el mundo democrático.

Ese poder se encuentra hoy en día en manos de Donald Trump, a quien actos aberrantes, insultos vulgares y decisiones insólitas delatan día a día como un hombre impulsivo, cuya falta de preparación y sentido común le impiden comprender la naturaleza del cargo que desempeña.

Así lo describen los investigadores Susan Hennessey y Benjamin Wittes, analistas políticos de la Institución Brookings, en su libro Destruyendo la Presidencia; la guerra de Donald Trump contra la oficina más poderosa del mundo.

Ante el surgimiento de más evidencia de sus crímenes, Trump agregó a su equipo de defensa legal -integrado por Pat Cipollone y Jay Sekuleaw-, a otros cinco especialistas en derecho constitucional y penal: Kenn Starr, ex fiscal independiente del caso Whitewater, quien sin encontrar nada sobre ese presunto fraude contra el ex presidente Bill Clinton, fortuitamente se enteró de la relación extramarital con Mónica Lewinsky, de la que se valieron los republicanos para llevarlo a juicio político; también se sumó el que fuera su sucesor, Robert Ray.

Lo mismo Alan Dersowitz, abogado constitucionalista de la Universidad de Harvard, su asesor incondicional, quien tratará de argumentar la anticonstitucionalidad del impeachment; Pam Bondi, ex procuradora del Estado de Florida, y Jane Raskin, ex fiscal federal que manejó casos de crimen organizado.

Pobre defensa

Sin respuesta convincente a las acusaciones que enfrenta, apoyadas por irrefutable evidencia y testimonios de altos funcionarios y diplomáticos de su propio Gobierno, el equipo legal del Presidente se limitó a señalar en su respuesta a los cargos (abuso de poder y obstrucción al Congreso) que el impeachment es un teatro y un esfuerzo ilegal para invalidar el voto de los estadounidenses en la elección de 2016, e interferir en la elección de 2020.

En lenguaje claramente dirigido a sus simpatizantes, Trump y sus abogados argumentan que los artículos no estipulan crímenes o violaciones a la ley ni alcanzan el grado de altos crímenes, que requiere la Constitución para el juicio, calificándolos como resultado de un “procedimiento ilegal que viola el debido proceso básico”.

“Nada en esos artículos puede permitir siquiera la consideración de remover a un presidente legítimamente electo o anular la elección, subvirtiendo la voluntad del pueblo americano”, dice la respuesta de 7 páginas que se dará a conocer hoy.

Antecedentes

Desde el 25 de julio pasado, cuando se comunicó telefónicamente con su homólogo, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, Trump insistió en que su llamada fue “perfecta”, y que solo se refirió al combate contra la corrupción, planteando la investigación de los Biden. Ahora ya sabemos que el plan no nació con el ascenso al poder de Zelenski.

A través de su abogado, Rudy Giuliani, el equipo de Trump había hecho el mismo planteamiento al ex presidente ucraniano Petro Poroshenko, quien buscaba su reelección.

Los viajes secretos a Ucrania, Austria, Polonia, Hungría así como los canales secretos de comunicación abiertos por Giuliani con los gobiernos de Ucrania quedaron al descubierto.

Giuliani tuvo que suspender sus visitas a Kiev, Ucrania, donde había conversado con Viktor Shokin, fiscal corrupto despedido por presión internacional; Yuri Lutsenko, su sucesor, quien ofreció a Giuliani información negativa de Biden a cambio de la remoción de la embajadora Marie Yovanovitch, que Trump ordenó a Mike Pompeo.

Entonces, en su lugar envió a Lev Parnas, uno de los principales contribuyentes de la campaña de Trump y, por ende, frecuente huésped en la mansión de Mar-a-Lago.

Él, de manera inédita, a nombre de Giuliani, representante legal de Trump, amenazó e intimidó al Gobierno del presidente Zelenski para que anunciara públicamente la investigación sobre Biden, a cambio de liberar la asistencia militar, urgente para confrontar constantes ataques rusos, ofreciéndole declaraciones de apoyo, llamada telefónica y hasta una entrevista en la Oficina Oval.

Al tiempo que les advirtió que de no hacerlo, el vicepresidente Mike Pence no asistiría a su ceremonia de toma de posesión -como ocurrió-, no liberaría la asistencia militar (como también ocurrió) hasta que hubo una respuesta más positiva, aunque no el anuncio que Trump exigía, y debió abandonar tras descubrirse su operación ilegal.

Cuando la información salió a la luz publica, el presidente Trump rechazó haber ordenado o tener conocimiento, contradiciendo el testimonio de su ex embajador ante la Unión Europea, Gordon Sundland, ante el Congreso, quien reconoció que se trató de un quid-pro-quo del que tenían conocimiento Trump, Pence, Pompeo, Mulvaney y todos.

Memorandums obtenidos del Pentágono revelaron que, en su solicitud de “retener la asistencia militar a Ucrania”, la Oficina de Manejo de Presupuesto de la Casa Blanca señaló claramente que eran “instrucciones directas de POTUS (el Presidente)”.

Entonces, Trump cambió sus declaraciones con el argumento, de que “la retención de recursos a Ucrania “no era un crimen; ni siquiera un crimen pequeño”, mientras trataba de minimizar la “misión de Giuliani”, a la que, al margen de ética y en violación de responsabilidades legislativas, se unió el congresista republicano Devin Nunes, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara baja, quien cobardemente lo negó, hasta que fuerte evidencia lo obligó a reconocerlo recientemente.

Retención a Ucrania fue ilegal: GAO

Pero pronto, la Oficina de Responsabilidad del Congreso (GAO) se encargo de desmentir al Presidente.

Señaló que la Ejecución de la Ley no permite al Presidente sustituir sus prioridades en política por las que el Congreso ha convertido en ley y que la Oficina de Manejo de Presupuesto detuvo ilegalmente los fondos aprobados por el Congreso para asistencia de Ucrania, violando la ley de Control de Asignaciones.

Esa legislación establece que “en caso de que el Ejecutivo decida cambiar la asignación para atender otras prioridades, debe comunicarlo al Congreso con 15 días de anticipación”, lo que no hizo el Departamento de Defensa.

 

Parnas acusa a Trump y Giuliani, de conspiración

Acusado de violación de Leyes de Financiamiento de Campaña, Lev Parnas se dió cuenta de que el Presidente y Giuliani trataron de hacerlo “chivo expiatorio” se puso a disposición del Congreso al que reveló lo que denominó una “conspiración criminal de Giuliani y “su cliente” el Presidente Trump, con apoyo de otros funcionarios, para extorsionar al Gobierno de Ucrania” con apoyo de suficiente evidencia.

Describió ampliamente sus actividades, aportando numerosas evidencias de las instrucciones de Giuliani, como vigilar ilegalmente a la Embajadora MRIE Yovanovitch, con apoyo de la Casa Blanca o Departamento de Estado, para monitorear sus movimientos, lanzar una campaña hasta despedirla, como solicitó el ex-fiscal Ucraniano Yuri Lutsenko, a cambio de información negativa de Biden, lo que ya esta bajo investigación.

Parnas habló de lo que legisladores califican como solicitud de soborno” del Presidente, de potencial “información sucia de Biden”, a cambio de la asistencia militar urgente.

De acuerdo al Código Penal Federal, soborno es “la exigencia, demanda o búsqueda de cualquier cosa de valor personal, a cambio de un acto oficial corrupto”.

Legisladores demócratas consideran que el “beneficio personal” era la exigencia de una investigación e información que Trump buscó de Ucrania, para favorecer su reelección” como hizo con la información que solicitó a Rusia en 2016.

Para presionar, Trump ordenó suspender el viaje de Pence a la Toma de Posesión de Zelenski, retuvo la asistencia militar y buscó la aprobación de una visa para Viktor Shokin, funcionario corrupto de Ucrania, que quiso traer a Estados Unidos.

Demócratas enfrentan juicio difícil

Los Demócratas, que en corto tiempo recabaron abrumadora evidencia y testimonios que prueban sus acusaciones y petición de destitución de Trump, enfrentan grandes desafíos, como el fuerte escepticismo y hasta agresividad de republicanos, conscientes de que la remoción de Trump aseguraría una aplastante derrota electoral el año próximo, que les despoje también de la frágil mayoría que tienen en el Senado.

La Cámara baja del Congreso entregó, también el sábado por la noche, los documentos con las acusaciones, explicación y evidencias que apoyan los cargos que habían decidido no presentar contra el Presidente Trump, tras la presentación del reporte del fiscal especial Robert Mueller, pero que el abuso de poder en el caso de Ucrania, los impulso a formular, luego de un intenso debate interno.

Los demócratas -cuyo marathon de aspirantes presidenciales proyecta una imagen negativa de division- temen que si el Presidente Trump es absuelto por el Senado, ignorando la evidencia irrefutable, podría envalentonarse y, sin limite alguno, continuar la violación de leyes y abusos, confiado en que no enfrentará consecuencia alguna.

Buscan Republicanos replicar caso Clinton

Al aprovechar que la Constitución brinda al Senado el poder único de tratar todos los impeachments, Mitch McConnell, con apoyo de la Casa Blanca, tratará de usar el juicio de 21 días del ex presidente Bill Clinton, en 1999, como modelo, sin llamar a testigos, en busca de una absolución rápida y sin análisis de la evidencia.

La mayoría republicana, incondicional de Trump, encabezada por McConnell, elaboraron reglas unilaterales con la intención de bloquear el testimonio de John Bolton, por ejemplo, ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.

LEG