Para quienes creían que había cesado el ataque a los organismos autónomos, ahí está la decisión de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel.

La ministra negó al Banco de México, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que sus empleados, incluidos sus presidentes, ganen más que el Presidente en este 2020.

Lo paradójico del asunto, es que en julio del año pasado, la propia Esquivel había votado a favor de que el INEGI mantuviera sus salarios por encima del tope constitucional que es el salario del Presidente.

En ese entonces, la ministra consideró, al igual que otros integrantes de la Corte, que las reducciones salariales exponían a los integrantes de los organismos autónomos a presiones de entes políticos.

Esta misma consideración la tomó en cuenta el ministro Alberto Pérez Dayán, para autorizar, apenas el 14 de este mes, al INEGI para mantener los sueldos del año anterior, es decir, por encima del ingreso anual del Presidente, que será para este año de 1.7 millones de pesos.

Aunque hay detalles de forma entre ambas decisiones -la de Esquivel y Pérez Dayán-, el hecho incontrovertible es que sujetar a los organismos autónomos a una norma aprobada por los diputados que no han podido justificar cómo se llegó al establecimiento del salario presidencial, sí representa un golpe a su esencia, es decir, precisamente a la autonomía respecto a los Poderes de la Unión.

Aun falta conocer cuáles serán las decisiones de la Corte en los casos del INE y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no han presentado controversias contra el presupuesto para este año.

El INE, sin embargo, ya se prepara para la batalla.

El 20 de diciembre pasado la Junta General Ejecutiva aprobó el Manual de Percepciones del INE para este año.

Ayer el titular del Órgano de Control Interno del Instituto, Jesús George, anunció que iniciará una “investigación de oficio’’, porque a su parecer el manual viola la Constitución al permitir percepciones mayores a los ingresos del titular del Poder Ejecutivo.

El INE no ha interpuesto una controversia constitucional en contra del presupuesto para este año y quién sabe si lo tenía contemplado hacer.

Pero, dado el antecedente fijado por la ministra Esquivel, quizá lo estén pensando dos veces.

De la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se espera controversia alguna.

Su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, impuesta a sangre y fuego en el cargo, no tiene la autonomía política para molestar a sus patrocinadores con las hojas de una controversia.

Mal día para los organismos autónomos.

Malo de verdad.

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Nadie sabe, nadie supo, a qué vino en realidad el fiscal general de Estados Unidos, William Barr.

En diciembre pasado, luego de su visita, cuando Estados Unidos amagó a México con declarar terroristas a los cárteles de la droga, pasaron cinco días y se anunció la detención de Genaro García Luna.

Algo debe significar el hecho de que Barr se haya reunido, en primera instancia, con Alejandro Gertz Manero y después con el gabinete de Seguridad en pleno.

¿Será que tendremos que dejar pasar unos días para conocer lo que dijo García Luna, perdón, el fiscal estadounidense?

Solo es una pregunta.