Rosario Robles Berlanga insistió en que es inocente y que no busca privilegios, “solo piso parejo, juego limpio” y que la medida cautelar de prisión preventiva violenta sus derechos más elementales y su presunción de inocencia.
La mañana de este jueves, Rosario Robles acudió a una nueva audiencia en el Reclusorio Preventivo Norte donde la magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, Isabel Cristina Porras Ordrizo, resolverá en tres días hábiles si ratifica o rechaza la prisión preventiva o si solicita al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna reponer el procedimiento contra la ex secretaria de Desarrollo Social y de Sedatu.
Robles Berlanga fue traslada del Penal Femenil de Santa Martha al reclusorio Preventivo Norte para la audiencia en la que intenta por segunda ocasión revertir las medida de prisión preventiva justificada que le fue impuesta desde agosto de este año.
Durante su comparecencia, Robles Berlanga leyó una carta en la que señaló que es “totalmente ilegal el hecho de que se me haya decretado esa medida cautelar y sé me este juzgando no por el hecho que se me atribuye, sino por quien soy, por lo que represento como parte del equipo del gobierno anterior y porque algunos de la élite que hoy nos gobierna me guardan rencor y resentimiento”.
“Se me acusa de ser omisa ante actos de terceros, lo paradójico es que de de esos a terceros vinculados a proceso están en libertad, como dicta el debido proceso, yo soy la única en la cárcel o cuando se habla de terceros ¿a quién o quiénes se refieren? ¿A todo un gobierno? ¿A un sexenio? ¿Soy yo el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción, por cierto, corrompiendo las leyes? ¿Es porque soy mujer?”, expresó.
Al concluir la sesión, el equipo legal de Rosario solicitó una prórroga al plazo de investigación complementaria que concluirá el viernes y que se les concedieron dos meses para ese término. Por lo que el 13 de febrero de 2020 concluirá el plazo, mientras tanto, la defensa podrá reunir más datos de prueba a favor de la ex secretaria de Sedesol y al mismo tiempo la Fiscalía General de la República (FGR) puede reunir datos de pruebas para sustentar su imputación.
Rosario lleva cuatro meses en prisión preventiva luego de que el 13 de agosto fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 5 mil millones de pesos destinados a programas sociales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que fuero dados a conocer a través de reportaje de investigación: La Estafa Maestra.