Literalmente, Ricardo Monreal tuvo que meter el freno de mano a las intenciones del senador Napoleón Gómez Urrutia de castigar penalmente la subcontratación o el “outsourcing’’.

A decir de los senadores moderados de Morena –que sí los hay-, Gómez Urrutia se fue por la libre en la redacción, discusión y aprobación de su iniciativa.

Como senador, el líder minero puede proponer las iniciativas que crea convenientes, pero en la bancada de Morena existe un acuerdo tácito para consultar cualquier iniciativa que se contraponga con la línea presidencial.

Gómez Urrutia se hizo de Martí Batres como aliado; como sabe, Batres tiene una disputa personal con Monreal por no haberle permitido la reelección en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado.

Se estima que unos 20 de 55 senadores de Morena apoyan la iniciativa del líder minero; el resto considera que se trata de un despropósito toda vez que, desde que se conoció la intención de la iniciativa, comenzaron los cuestionamientos del sector empresarial y de legisladores norteamericanos.

¿Qué pasará con el veto impuesto por la Junta de Coordinación Política disfrazado de petición de tiempo para un análisis más profundo?

Primero, la iniciativa que fue aprobada ayer por las Comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos. Segunda, no será llevada al pleno en este periodo y quizá ni en el siguiente.

Las razones son obvias; no la quiere el Presidente –al menos como fue aprobada ayer-, ni los empresarios, criminalizados por optar por la subcontratación para eficientar costos.
Tampoco cuenta con el apoyo mayoritario en la bancada que, una vez recibida la instrucción de llevar la iniciativa a un “parlamento abierto’’, debe entender el mensaje presidencial.

No se puede decir que la iniciativa está sepultada aún, pero casi.

A menos que Gómez Urrutia serene sus ánimos revanchistas y promueva una iniciativa para regular, quizá con mayor rigor pero sin criminalizar ni buscar su desaparición, a las empresas dedicadas al outsourcing.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por unanimidad, que la ampliación del periodo de 2 a 5 años del gobernador de Baja California Jaime Bonilla es inconstitucional.

Esta es una opinión, nada más, que el Tribunal envía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien será la que resuelva el fondo del caso.

Pero, tratándose del Tribunal Electoral, es poco probable que la Corte ignore su opinión, pues precisamente el Tribunal se especializa en asuntos electorales.

La interpretación que haga la Corte a esta opinión ya es harina de otro costal, pero todo parece indicar que los bajacalifornianos solo tendrán que soportar a Bonilla dos años.

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La familia LeBaron estuvo en el Senado de la República y pidió hacer uso de la tribuna para exponer su caso.

La senadora Josefina Vázquez Mota llevó la petición al pleno.

No se sabe si lo aprobarán o no, pero si casos igualmente violentos han sido tratados en la tribuna de San Lázaro, como los padres de los estudiantes de Ayotzinapa o el mismo (ex) ejército zapatista, ¿qué puede impedir que los LeBaron tengan ese derecho?

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El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dio ayer por concluida la época de ciclones y huracanes para este año.

Durazo dijo que en el 2018 se aplicaron más de 13 mil millones de pesos para paliar los efectos de los desastres naturales en el país.

En comparación, en el 2019, solo se ejercieron en ese rubro mil 700 millones de pesos, lo cual, dijo, es una muestra de la eficiencia en el gasto.

Sin duda una flor para el coordinador Nacional de Protección Civil, David León.