El próximo 5 de diciembre se cumple un año de la administración de Claudia Sheinbaum y quizás uno de los problemas que más se ha atacado y del cual poco sabemos es la constante invasión de bienes inmuebles.

Desde hace años pero con mayor intensidad en la administración de Miguel Ángel Mancera, se incrementó la invasión a bienes inmuebles que sufren los propietarios con lanzamientos o despojos que de manera violenta hacen grupos de cargadores y golpeadores contratados por diversas organizaciones.

Lo destacable es que el despojo de bienes inmuebles se ha convertido en todo un esquema en el cual organizaciones delictivas actúan de manera fraudulenta para obtener la posesión de los predios, terrenos, departamentos o casas. Tras despojar a los verdaderos dueños los inmuebles son utilizados para diversas actividades ilícitas, en el mejor de los casos esos bienes inmuebles son vendidos, rentados o traspasados por otros inmuebles.

El verdadero problema es que este despojo de propiedades pareciera hacerse a la sombra de una supuesta legalidad, pues al momento de desalojar a los dueños llegan notarios, autoridades e incluso las organizaciones delictivas envían a sus cargadores con órdenes de jueces que validan el despojo.

Es decir, que para lograr los despojos, las organizaciones se apoyan de funcionarios públicos que les indican la plusvalía de los terrenos y que les indican que los propietarios no tienen los documentos a la mano y, por tanto, es fácil iniciar juicios falsos o simulados.

Esto parecería difícil pero ha sido la constante en los últimos siete años en distintas zonas de la Ciudad de México. De hecho a la fechas las autoridades capitalinas a través de la llamada fiscalía especializada en delitos ambientales y de protección urbana, tiene 894 carpetas de investigación abiertas que están en pleno trámite y de las cuales sabemos que muchas de ellas están a punto de resolverse.

Las carpetas de investigación refieren sobre todo despojo ilegal en el que participaron jueces, actuarios, funcionarios de gobierno y organizaciones delictivas. Lo interesante y que debemos estar atentos en que existen 33 casos que la autoridad tienen claramente detectado la participación de funcionarios e incluso presume, de acuerdo a sus carpetas de investigación, del uso de notarios e inmobiliarias vinculadas a estos grupos que operan o tienen sus sedes en Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Estado de México.

Lo que sabemos es que de estas carpetas al menos 10 ya se encuentran en los juzgados y por las cuales la autoridad ha solicitado órdenes de aprehensión contra miembros de organizaciones como el Sindicato Libertad, el Frente Popular Francisco Villa, El Barzón y la Asamblea de Barrios.

Los despojos que lograron resolver y poner en manos de las autoridades judiciales son principalmente en las colonia, Roma, Condesa, Escandón, Narvarte, Portales, Nativitas, Florida, Recreo, Lomas Estrella, Anáhuac y la colonia Doctores.

De obsequiarse las órdenes de aprehensión seguramente veremos a líderes de estas organizaciones vinculados con estos despojos, pero más importante aún podremos saber qué tipo de autoridades y jueces estuvieron involucrados en los últimos años.