Foto: Gabriela Esquivel Otros de los nuevos ordenamientos prohíben a las dependencias comprar vehículos para funcionarios con valor mayor a 360 mil pesos  

Con la entrada en vigor de la Ley de Austeridad Republicana, los integrantes del gabinete legal y ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, al culminar sus encargos o en caso de renunciar, estarán impedidos de trabajar en la Iniciativa Privada por 10 años.

De no laborar en el sector académico, público o en un negocio propio, de culminar el sexenio en sus puestos, los altos mandos del Gobierno federal quedarían desempleados hasta 2036.

La Ley, que fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que «los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años».

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El candado para emplearse en el sector privado aplica para el Presidente de la República, los 19 secretarios de Estado, los titulares de la Oficina de la Presidencia, Consejería Jurídica, Fiscalía General de la República, IMSS, ISSSTE, CFE y Pemex, así como al menos 40 subsecretarios de diversos ramos.

Otros de los nuevos ordenamientos prohíben a las dependencias comprar vehículos para funcionarios con valor mayor a 360 mil pesos.

A su vez, se «prohíben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado, tal como el Seguro de Separación Individualizado, o las cajas de ahorro especiales», así como los seguros médicos privados.

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