Tras comparecer ante la Fiscalía General de la República para ampliar su denuncia en contra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por los delitos de presunto desvío de recursos humanos, empresas fantasma y lavado de dinero; el senador de Movimiento Ciudadano (MC) Samuel García, señaló que los delitos del mandatario estatal, suman mil millones de pesos.
Explicó que con los casos del dron, el “Cobijagate”, el Palacio Rosa; más las irregularidades de la campaña de 2018, que son el grueso de las anomalías, la configuración de los delitos están en el orden de los “mil millones, y es lo que conocemos, falta luego ver todo lo que hay en las tripas de gobierno que no han sido públicos”.
Consideró que con los 25 delitos denunciados en contra de El Bronco, la Fiscalía tiene elementos para pedir su desafuero y llevarlo ante la justicia. “Tenemos 25 alternativas para quitarlo, estoy seguro que lo vamos a quitar”.
Este jueves, el senador presentará ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, la Fepade y la Procuraduría Fiscal, las pruebas de los delitos que denuncia y el viernes el senador acudirá ante las Fiscalías de Anticorrupción y la Electoral de Nuevo León.
Este jueves, Samuel García, presentó pruebas por presunto lavado de dinero, “Se trata de dos factureras: Dyjomas, S.A. de C.V, y Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V, cuya responsable es Tania Garza González, ambas enlistadas como empresas fantasma en el 69B del Código Fiscal, que facturaron al Gobierno del Estado 25 millones de pesos, que dispersaron a 111 personas que depositaron esa cantidad a la asociación Nueva Independencia, usada por el Bronco para los apoyos ciudadanos en su campaña a la Presidencia”, denunció.
Además de las aportaciones en especie de 656 servicios en factura, sin monto, con los cuales, personas físicas ayudaron a El Bronco a reunir firmas.
El uso de mil 35 tarjetas Oxxo Saldazo, pagadas por tres empresas Pisera Construcciones, S.A., Grupo Comercial Gutren, S.A. de C.V. y Attar 2715, S.C, con el mismo modus operandi: facturando al estado y dispersando 2 millones en las cuentas Saldazo.
Así como la utilización de granjas de bots, con las cuales el gobernador reunió más de 5 mil firmas falsas; y el dictamen consolidado de gastos que representan la violación sistemática y continúa de la fiscalización en su campaña.
También se presentó la cuenta pública del Estado de Nuevo León, donde se determina el daño al erario de 6 millones de pesos por el programa social Aliados, el cual pasó de 85 mil diagnósticos a 5 y luego durante el tiempo de la campaña resultó en ceros. Con esto el Auditor presume el uso electoral del programa social.
Y el desvío por peculado por 4 millones de pesos de recursos federales, destinados a programas educativos y construcción de escuelas, los cuales se utilizaron en la campaña presidencial; el uso del Fondo Aportaciones Múltiples, del cual se desviaron 689 millones pesos, el 75 por ciento; y un programa de cultura que suma 7 millones de pesos desviados.
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