El gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega de la Madrid, y cuatro de los seis ex candidatos a la gobernatura del estado, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional y un Amicus Curiae, respectivamente, en contra de la reforma para ampliar la gubernatura de 5 años del próximo gobernador Jaime Bonilla Valdez.
El ministro de la SCJN, Fernando Franco González Salas, admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Gobierno saliente de Baja California, que encabeza Francisco Vega (PAN), en contra de la llamada Ley Bonilla. El cual se suma a las acciones de inconstitucionalidad que, sobre, el mimos tema, ya promovieron los partidos Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.
No obstante, el ministro Franco González Salas negó la suspensión que solicitó el PAN, con la que buscaba frenar la toma de protesta de Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California. Reiteró que la norma impugnada es de tracto sucesivo, es decir, en el transcurso del tiempo sigue produciendo efectos.
Asimismo, la tarde del lunes, los candidatos a la gubernatura de Baja California: Ignacio Anaya Barriguete (PBC), Jaime Martínez Veloz (PRD), Oscar Vega Marín (PAN) y Enrique Acosta Fregoso del PRI, presentaron un Amicus Curiae y además pidieron a los magistrados de la SCJN que reconsideren su decisión de no emitir medidas cautelares.
Jaime Martínez Veloz afirmó que no pretenden que la SCJN detenga la toma de posesión de Bonilla Valdez, programada para el primer minuto del 1 de noviembre, lo que buscan dijo, es que se tomen medidas cautelares que eviten que el futuro gobernador firme compromisos que excedan a su periodo de Gobierno, que afirmaron, debe limitarse a dos años.
Por su parte, Oscar Vega Marín, del PAN, dijo que están solicitando que el bando que emita el Congreso del Estado se produzca en los términos de la constancia que emitió el Instituto Estatal Electoral, que es lo que dice la Constitución de Baja California.
“De esta manera darle certeza a la ciudadanía, para que los actos que se produzcan desde el Gobierno no vayan a generar un mayor caos administrativo o político entorno a sus funciones y responsabilidades”, señaló.
El ministro José Franco González dio un plazo de 30 días al Poder Legislativo para que presente una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.
Asimismo, el ministro solicitó las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo.
Además, deberán de entregar diarios de debates y documentales de las que se advierta que dio vista con la reforma constitucional a los municipios del Estado, apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le aplicará una multa.
Cita:
“Con este procedimiento se busca no solamente ser tomados en cuenta, sino que la Corte instruya a las autoridades locales, al Congreso y al propio gobernador electo a que todo lo que haga, en tanto la Corte no resuelva el fondo del asunto, tenga implicaciones de un gobierno de dos años”
Jaime Martínez Veloz
Ex candidato al Gobierno de BC del PRD
LEG