Como si la confrontación que vivimos actualmente fuera poca, ahora los diputados regiomontanos nos recetan la reforma al artículo 48 de la Ley estatal de Salud de Nuevo León que aprueba la objeción de conciencia para que el personal médico y de enfermería pueda rehusarse a dar atención a la comunidad en base a sus creencias religiosas.
Y con esto, vemos las luchas de derechos y libertades. Por una parte, personal de salud podrá negarse a atender una orden para prestar servicio médico a personas de comunidades indígenas; migrantes; a mujeres que decidan practicarse un aborto o por diferentes preferencias sexuales. Es una acción libertaria, pero a su vez provoca una contradicción en la vida de los ciudadanos que son muy diversos y que también quieren ejercer el derecho a la atención médica.
Los mexicanos tenemos el derecho humano a servicios médicos, pero también el personal médico y de enfermería tienen el derecho de anteponer la objeción de conciencia ejerciendo su libertad de acuerdo a sus convicciones éticas y morales. Sin embargo, en nuestro país esto es nuevo y puede provocar actos discriminatorios. Frente a este debate recuerdo la acción de Marcelo Ebrard en 2007, cuando ordenó a los trabajadores del sistema de salud que atendieran a las mujeres que se practicarían un aborto voluntario, y les señaló que no podrían acogerse al argumento de objeción de conciencia porque podrían perder el empleo.
Esta controversia está latente en Nuevo León, y su gobierno asegura que van por la no discriminación y dicen que vetaran la iniciativa. Asimismo defensores de Derechos Humanos y el Conapred alertan a privilegiar los principios de igualdad.
SUSURROS
1. Mucho ruido provocó el diputado de Morena Manuel López Castillo al presentar la modificación a la fracción XV del artículo transitorio de la Ley de Ingresos que abre la puerta a la legalización de autos “chocolate” para reducir costos de importación hasta de un 60%. La industria automotriz, a través de la Asociación Mexicana de distribuidores de automotores (AMDA) se pronunciaron para que los senadores y el presidente Andrés Manuel López Obrador intervengan de manera urgente para eliminar el transitorio, ya que podría provocar un desplome de 30% en la venta de automóviles, pérdida de empleos y otros efectos económicos que se prevé son de 67 mil millones de pesos, solo de impuestos.
2. Semáforo delictivo, proyecto social ciudadano que encabeza Santiago Roel, presentó los resultados en materia de seguridad al cierre del tercer trimestre de 2019 con 25,890 víctimas de homicidio. En el semáforo de alto impacto que analiza homicidios y delitos del crimen organizado como secuestro, extorsión, narcomenudeo y robo de vehículo, los estados evaluados son Colima, Morelos, Quintana Roo, Baja California y Zacatecas. Las cifras no son alentadoras e indican que este año se perfila como el más violento de los últimos tiempos.