Adrian Trejo
 

Dice el presidente López Obrador que la gaseada a los presidentes municipales, el martes por la mañana, se debió a que se portaron “muy violentos, venían a provocar’’.

Por supuesto, tiene toda la razón.

Igual que hicieron anarquistas y otros grupos que intentaron incendiar la puerta Mariana de Palacio Nacional, pero ellos no fueron gaseados; vamos, no fueron ni molestados.

Son estas contradicciones las que molestan y preocupan a la sociedad en general; pareciera que el Gobierno federal es bipolar.

Y es precisamente esa forma de actuar (o no) la que intimida las inversiones, de acuerdo con empresarios –ahí está el director de Kimberly Clark, Pablo González, cuya sinceridad le costó millones de pesos a la empresa- y constituye un freno al desarrollo político y económico.

No abona a la certeza el hecho de que el jefe del Ejecutivo se desdiga o que desmienta –o corrija- a los secretarios de Estado, como ha sido el caso, tres veces, del de Hacienda, Arturo Herrera.

Certeza, congruencia.

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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como cabeza de sector, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y la Direccción General de Aeronáutica Civil (DGAC), hoy Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), se niegan a acatar un fallo de la Corte que les obliga a pagar una indemnización al ciudadano Paul Henri Giménez.

La historia se remonta al 4 de noviembre del 2008, cuando Henri Giménez circulaba por las calles de Monte Pelvoux y Ferrocarril de Cuernavaca, cuando se desplomó el avión Lear Jet matrícula XC-VMC, de la Secretaría de Gobernación, accidente en el que murieron Juan Camilo Muriño y José Luis Santiago Vasconcelos.

El auto de Henri se incendió por el accidente y él pudo salir del vehículo, con quemaduras en el 75% de su cuerpo; el 90% de éstas, fueron de tercer grado.

Desde entonces Henri, de nacionalidad francesa, ha sufrido casi 100 cirugías; perdió la movilidad de las extremidades, no puede valerse por sí mismo y requerirá cuidados extremos el resto de su vida.

En marzo de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en firme la sentencia por la que se reconoce la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones en este accidente y pese a ello la dependencia se ha negado a cumplir el fallo.

Diez años, 11 meses y 19 días después del accidente, un ciudadano –que entones tenía 33 años-, no solo ha perdido ese tiempo en hospitales sino en juzgados en busca de la reparación del daño.

¿Gobierno humanista?

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Justo el día de su primer Informe de Gobierno, el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, recibió como regalo la captura de 31 integrantes del cártel de “La Unión’’, uno de los azotes no solo de la demarcación, sino de toda la CDMX.

Núñez sabe que desde la alcaldía solo no puede enfrentar los altos índices de delincuencia; por eso pidió la colaboración de la Federación para atacarla.

Su antecesor, Rodolfo González, había enviado cartas a las Secretarías de Marina y Defensa pidiendo exactamente lo mismo, asistencia para garantizar la seguridad de la zona.

Y aunque en su informe Núñez se refirió a logros que tienen que ver más con apoyos sociales, económicos, lo que ahora se le reconoce es la voluntad para atacar a la delincuencia.

Lo que sigue es limpiar la casa, pues ayer se supo que uno de los líderes de la Unión pagaba las fiestas de los policías del sector.