El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, informó que de acuerdo con cifras del Inegi, en el último año se cometieron 33 millones de delitos, de los cuales el 90% han quedado impunes, es decir 31 millones de delitos no han sido sancionados.
“Vamos a defendernos contra la puerta giratoria, vamos a defendernos contra la impunidad al grado que ha llegado, vamos a defendernos de un sistema de prevención que no está cumpliendo con su deber y que nos está invitando a todos a entrar en una situación que es absolutamente intolerable”, advirtió.
Ante ello, llamó a los senadores de la República a lograr para el próximo 18 de enero un nuevo cuerpo jurídico en materia penal analizado y discutido, “para tener ya para los mexicanos una respuesta que sea razonable y que realmente crean en nosotros. No hay gobernabilidad si no hay seguridad”, declaró.
En el marco de la presentación de la reforma con y para el Poder Judicial que tuvo lugar en el Senado de la República, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, presentó a los senadores y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una propuesta de reforma al poder judicial en la que se propone contar con un Código Penal Único en todo el territorio nacional y deja a la libre a las entidades federativas, la tipificación del aborto, la interrupción del embarazo y la eutanasia.
“Permitirá tener la descripción única de las conductas que constituyen delito en todo el territorio nacional, así como de sus modalidades, grados de participación, gravedad, sanciones y medidas de seguridad, y la eliminación de criterios jurisprudenciales contradictorios, debido a la variedad de normas sustantivas en materia penal”, señaló.
Julio Scherer, propuso también regular los tipos penales de secuestro, desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, delincuencia organizada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas, degradantes y delitos electorales.
Se propondrá también que las autoridades federales conozcan de los delitos en que incurran los servidores públicos de las instituciones policiales, de las entidades federativas y de los municipios que infrinjan los principios establecidos en el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución general.
Además, se busca la expedición de una ley para homologar los procedimientos de procuración de justicia, con base en los principios de colaboración, cooperación, concurrencia y auxiliaridad.
Y en ella, se establecerá por lo menos la regulación en materia de capacitación de los policías como primeros respondientes; la obligación de los policías, analistas, peritos y demás personal de las procuradurías o fiscalías locales y de la Federación, de prestar auxilio al ministerio público, para la investigación de hechos constitutivos de delitos.
MGL