Foto: Twitter @PRDMexico La Dirección Nacional Extraordinaria del PRD presentó acción de inconstitucional ante la SCJN para revocar la llamada Ley Bonilla  

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revocar la llamada Ley Bonilla.

 

Los dirigentes nacionales Ángel Ávila, Adriana Díaz, Fernando Belaunzarán, Camerino Márquez y Jaime Martínez Veloz, afirmaron que este instituto político ha dado la lucha desde antes de la elección en el estado, presentando documentos y pruebas sobre las múltiples irregularidades que el gobernador electo cometió, como la residencia de Jaime Bonilla y los antecedentes penales que tiene en su contra.

 

Al respecto, Ángel Ávila Romero resaltó la importancia que tiene para la vida nacional la presentación de las acciones de inconstitucionalidad para revocar la pretendida ampliación del periodo de gobierno de dos a cinco años.

 

 

En ese sentido, subrayó que este instituto político ha sido un actor fundamental en esa lucha para que el voto de la gente pueda ser respetado, hoy lo que vemos es un intento por parte de Morena de alargar de manera ilegal un periodo de gobierno.

 

“No solamente lo decimos nosotros, lo expresa la propia Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Presidente del INE, Lorenzo Córdova, es a todas luces una ley que va en detrimento de la vida democrática, del pacto federal y pone en riesgo todas las conquistas democráticas ganadas en 30 años de transición política”, dijo.

 

El ex candidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz afirmó que lo que intenta hacer Bonilla y su equipo es de importancia a nivel nacional, ya que este precedente sentaría las bases para que en otros estados se pretenda hacer lo mismo e incluso a nivel de la Presidencia de la República.

 

Añadió que no permitirán la violación a la constitución que pretende hacer el Bonilla, ya que las modificaciones a la constitución en materia electoral, se deben hacer tres meses antes de cuando empieza el periodo electoral y en este caso el Congreso local se reunió después de la elección para pretender ampliar el periodo, suplantando la voluntad popular y en medio de una acción manchada por la corrupción.

 

 

fahl