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Los excesos de la austeridad republicana

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Tr: @TuFantasma

La semana pasada, dominada informativamente por la crisis interna que atraviesa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasó desapercibida una atrocidad cometida en la Cámara de Diputados contra los altos funcionarios del gobierno.

 

Los legisladores avalaron, con 321 votos a favor y 124 en contra, los ajustes del Senado a la Ley Federal de Austeridad Republicana que, en esencia, establecen una restricción de 10 años a los mandos superiores de la administración pública para emplearse en el sector privado.

 

En principio, se había acordado fijar un periodo de restricción mucho más razonable de cinco años generalizado para todos los mandos, medios y superiores, del gobierno.

 

Sin embargo, antes de enviar el dictamen a la Cámara Baja, los senadores acotaron la disposición exclusivamente para mandos superiores y se duplicó el lapso de restricción para fijarlo en 10 años.

 

Esta postura fue cuestionada por legisladores de oposición y hasta de Morena, como Tatiana Clouthier, quien calificó el término de inconstitucional.

 

En lo que no repararon los legisladores cuando aprobaron esta restricción, es en que los funcionarios públicos y, con mayor razón los mandos superiores, trabajan todo el tiempo bajo presión e ingresan al servicio público con su renuncia en el cajón principal de su escritorio.

 

Es más, muchos mandos medios y hasta superiores son obligados. en algunas dependencias, a firmar su renuncia en las áreas administrativas al tiempo de asumir su encargo público.

 

De hecho, nada es más incierto en el gobierno que el tiempo a ocupar un cargo y, entre más alto sea el puesto, más responsabilidades y riesgos de perderlo para el funcionario.

 

Los más altos cargos de la administración pública requieren contratar especialistas, como en los sectores Financiero, Petrolero, Bancario y de Seguridad

.

Empero, con la reforma a la Ley de Austeridad, a los profesionistas especializados de todas las ramas se les envía el mensaje de que si trabajan en el gobierno se puede frustrar su carrera en cualquier momento.

 

¿Qué experto, a sabiendas que pueden correrlo en cualquier momento, se arriesgará a trabajar en el gobierno si no podrá laborar en 10 años en otro lado?

Lo que tampoco hicieron los legisladores, antes de aprobar fast track una década sin empleo para ex funcionarios de alto nivel, es voltear a ver mejores prácticas en esta materia en otras partes del mundo.

 

Por ejemplo, en Europa, la restricción para que un ex servidor público no trabaje de inmediato en una empresa donde puede haber conflicto de interés es de tres años y en Estados Unidos de solo dos años.

 

Es cierto, en el pasado se abusó impunemente y de manera flagrante de la información obtenida en el servicio público, para después colocarse ventajosamente en empresas privadas.

 

Era inaplazable frenar esa práctica abusiva de ex funcionarios que, aprovechando la información privilegiada y su conocimiento del sector, se colocaban de inmediato, tras abandonar un cargo público, en puestos directivos de grandes consorcios empresariales.

 

Sin embargo, exagerar la norma a un plazo de 10 años terminará por afectar al gobierno y violar los derechos fundamentales al trabajo de decenas de ex funcionarios despedidos o cesados.

 

En muy poco tiempo, veremos procedimientos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y demandas en el poder judicial contra esta restricción excesiva, al igual que sucedió con la pretensión de homologar los salarios con la Ley de Remuneraciones.

 

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