El toque de queda y la militarización del Estado en Ecuador no han logrado llevar la paz al país, donde ya se han vivido doce días de protestas y un diálogo fracturado entre el mandatario Lenín Moreno y los indígenas.

Al menos siete personas murieron, cientos resultaron heridas y más de mil fueron arrestadas en los disturbios desde el 3 de octubre, de acuerdo con la oficina del ombudsman local, que monitorea el conflicto.

La Policía ecuatoriana se enfrentó ayer a manifestantes que les lanzaron proyectiles caseros en el centro de Quito, convulsionado a pesar del toque de queda.

La ciudad, de casi tres millones de personas, parecía una zona de guerra, con vehículos militares blindados y sonidos de explosiones. En el centro histórico, manifestantes se refugiaban tras barricadas en medio de nubes de gas lacrimógeno.

Los ecuatorianos publicaban en las redes sociales algunos videos mostrando bloqueos de calles con quema de objetos y enfrentamientos entre multitudes y fuerzas de seguridad en el centro de Quito, que amenazaban con impedir una primera ronda de conversaciones.

El diálogo entre el Gobierno y los líderes de la protesta se retrasó tres horas debido a “dificultades operativas”, reveló Naciones Unidas en Ecuador.

Los incidentes han sido los peores en el pequeño país sudamericano en más de una década y la más reciente ola de oposición a las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Latinoamérica.

Moreno firmó un acuerdo de cuatro mil 200 millones de dólares con el Fondo este año, enfureciendo a quienes lo votaron como sucesor del izquierdista Rafael Correa.

El Presidente ha defendido la decisión de recortar los subsidios a los combustibles como una parte clave de su plan para sanear las cuentas del país, y ha negado que haya sido una exigencia del FMI.

Los disturbios comenzaron primero con protestas encabezadas por los camioneros. Desde entonces, los manifestantes indígenas han tomado la iniciativa, pero dicen que extremistas ajenos han tratado de instigar enfrentamientos y han criticado al gobierno por lo que califican como una represión desproporcionada.

 

LEG