Por Karina Aguilar
Por si no estuviera suficientemente saturado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la Cuarta Transformación, ya tiene una nueva función: ser el manifestódromo oficial de la capital del país.
Primero fueron los padres de niños con cáncer, luego policías federales y la semana pasada, taxistas; ellos fueron más allá, pues expertos en paros, marchas y plantones, además de bloquear los accesos en la terminal uno del Aeropuerto, instalaron tiendas de campaña al interior del mismo.
La respuesta de la autoridad federal para todas estas protestas fue inmediata, ya que independientemente de la legitimidad o urgencia de las demandas, estas fueron atendidas.
El problema fue ceder a la primera, lamentablemente ahora el gobierno federal, también negocia con quienes cometen delitos para satisfacer necesidades y exigir respuesta a la precaria situación en que pudieran estar.
Normalistas rurales de Tenería, Estado de México decidieron secuestrar a 92 choferes junto con sus unidades de transporte de pasajeros, en demanda de mejores condiciones laborales y plazas.
El delito fue claro: privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa.
La sanción: ninguna
El compromiso: otorgarles las plazas que solicitaron y quitar todo tipo de vigilancia de los alrededores de la escuela.
La consecuencia: Tres días después de negociar con la autoridad, estudiantes de la normal rural de Tiripetío, Michoacán, secuestraron 16 autobuses y seis camiones repartidores de productos.
Ante estos resultados, pareciera que ya le tomaron la medida al gobierno que tras manifestaciones, bloqueos y secuestros, concede sin sanciones de por medio.
Sin embargo, el peligro real de estas negociaciones radica en que los verdaderos grupos del crimen organizado, pueden encontrar ahora una nueva forma de manipulación y chantaje utilizando a su base social y disfrazando sus delitos de protesta legítima.
Y en Pregunta Sin Ofensa:
El gobierno federal investiga y sanciona al juez que otorgó amparos para detener la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía; pero reserva la información técnica de la obra por cinco años ¿Qué no la transparencia debe ser pareja?
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