El hangar presidencial en el Aeropuerto de la Ciudad de México, cuya construcción se llevó a cabo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es una obra rodeada por la polémica, los señalamientos de corrupción, y ahora, por su inminente desaparición.

La obra construida por Grupo Higa, empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa-Cantú, y que se estima que tuvo un sobrecosto de 70%, por lo que los contribuyentes pagamos mil 182 millones de pesos, será removido para edificar la Terminal 3 con lo que se espera dar un alivio a la saturación de las instalaciones.

Aunque el plan de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) busca atender una de las principales demandas de los viajeros aéreos del país, también se sumará a las diversas acusaciones de complicidad y corrupción.

En la secuela de irregularidades y trampas con que se contrató la obra en los tiempos en que el aeropuerto capitalino era dirigido por Alfonso Sarabia, están involucrados un grupo de auditores que mantienen sus cargos desde la construcción y hasta el momento, y quienes tratan de ocultar las anomalías y actos de corrupción, incluso inculpando a funcionarios y empleados que no estuvieron involucrados en el asunto.

Lo anterior, tiene como objetivo solventar las trampas que favorecieron a Hinojosa con el contrato 015-014-AICMN2-O3.

Los auditores que han mantenido sus cargos a pesar del cambio de gobierno, y quienes cuentan con la información detalla son Jorge Alejandro Trujillo, titular del área de auditoría interna del AICM; Julio César Rodríguez del área de Quejas; Daniel Gatica encargado de Responsabilidades y el jefe del Órgano Interno de Control, Luciano Pablo Chávez.

Al haber validado la contratación de Higa, que en esa ocasión se presentó como Concretos y Obra Civil del Pacífico, y haber autorizado precios unitarios y costos de los materiales de construcción que tuvieron un sobrecosto de 100% en algunos casos, estos funcionarios habrían incumplido con sus responsabilidades.

A pesar de que las inconsistencias abarcan desde que el hangar empezó a construirse antes de que existiera un contrato con Higa; que la empresa no cumplió con la documentación que exige la Ley de Obras Públicas, hasta permitir los primeros pagos sin que existiera aún autorización presupuestal para ello.

Pero como en todo acto de corrupción, los auditores no actuaron solos, sino que actuaron en complicidad con otro grupo de funcionarios del aeropuerto.

Por ello, en la Secretaría de la Función Pública (SFP) que encabeza Irma Eréndira Espinosa, ya se analiza y documenta la trampa aeroportuaria, y extenderá la lupa a Miguel Ángel Marcos, director general de administración y apoderado legal; Jesús Guajardo Briones, director general adjunto de operaciones así como su asesor Tomás Limón; Oscar Chanona García, director General adjunto jurídico; Carlos Zendejas López, subdirector de Ingeniería; Mario Alberto Morales Ramírez, gerente de proyectos y concursos; y Roberto Vera Mireles, gerente de ingeniería civil, a fin de deslindar todas las responsabilidades y proceder contra aquellos a los que se les compruebe su participación.

De todo esto sorprende el acto, el solapamiento, el inculpar a terceros no relacionados, pero sobre todo, que los mismos funcionarios que pactaron con Higa el sexenio pasado, hoy siguen trabajando en la #4T.