Si no hay cambios de última hora, este martes el Pleno de la Cámara de Diputados dará el visto bueno a la Reforma de la Ley General de Salud, que entre otras cosas contempla obligar a las empresas productoras de refrescos y comida chatarra, a incluir un etiquetado frontal en sus productos y bebidas no alcohólicas que informe a los consumidores su contenido de sodio, azucares y grasas saturadas.
Con esta medida, se pretende poner en alerta a la población sobre los riesgos de consumir alimentos no recomendados para la salud, en particular para proteger a niños y adolescentes, ya que son el sector de la sociedad que más consume estos productos.
Para tener listo el nuevo etiquetado, los legisladores han tenido que sortear un sin número de presiones por parte de las compañías productoras de comida chatarra, pues desde que se aprobó el dictamen en comisiones, por el mes de julio, importantes empresarios han tratado de impedir la reforma, incluso acudieron ante la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a solicitar su intervención.
A pesar del intenso cabildeo de los empresarios, todo parece indicar que será aprobada la reforma que busca hacer cumplir el respeto a la protección del derecho a la salud y a la alimentación, pues el nuevo etiquetado será de advertencia y no sólo informativo como ocurre en la actualidad, en el que sólo se utiliza el Sistema de Guías Diarias de Alimentación y da información específica sobre los nutrientes que contiene el producto; sin embargo los datos que ahí se detallan son difíciles de comprender para la mayoría de la población, pues no conocen los niveles máximos ni mínimos que se recomiendan de cada nutriente.
La nueva disposición pretende advertir a los consumidores sobre los riesgos inminentes a la salud por el consumo de productos chatarra y con alto contenido de azúcar, grasas saturadas, sodio y calorías; y es similar a la que se aplica en Chile, país en donde se han dado buenos resultados, pues ha generado cambios en la alimentación de las personas.
Y es que, ante la grave situación de sobrepeso y obesidad que se registra entre la población mexicana, organizaciones internacionales como la OMS, la FAO y el UNICEF, urgieron a las autoridades de nuestro país a implementar un etiquetado claro y que sea de fácil comprensión en los alimentos procesados.
De acuerdo a datos del IMCO, más de 60 millones de mexicanos tienen sobrepeso u obesidad, de los cuales el 73% son adultos y 35% menores de edad, lo que ocasiona grandes perdidas económicas y reduce la competitividad.
Tan sólo los costos sociales por la diabetes mellitus tipo 2, ascienden a más de 85 mil millones de pesos al año; de esa cifra 73% corresponde a gastos por tratamiento médico; 15% a pérdidas de ingreso por ausentismo laboral y 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad prematura.
Los legisladores tienen en sus manos la oportunidad de poner un freno a este grave problema de salud, que ya es considerada una pandemia en nuestro país.
estabocaesmia2014@gmail.com
@JuanMDeAnda