El gobierno mexicano ha dedicado su atención a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando en realidad el número de personas desaparecidas en el país es de más de 40,000.

Los 43 son el símbolo, pero vale la pena preguntar ¿qué pensarán o sentirán los familiares de los 40,000 que ni por asomo son recordados con camisetas o marchas?

La cifra es escalofriante pero real.

Y seguramente ha ido en aumento aunque eso es muy difícil porque el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED), se encuentra caído y evidentemente desactualizado.

El 24 de marzo pasado, el gobierno federal relanzó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pero antes, en diciembre de 2018, se formalizó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, encabezada por Karla Quintana Osuna.

Los resultados que ambas instancias ofrecen demuestran su fracaso.

No se conoce bien a bien cuántas personas trabajan en el Sistema, cuyo logro más importante ha sido que la mayoría de los estados crearan su propia Comisión para la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas, aunque falta un protocolo que unifique los criterios de operación.

Quintana acusó que en el gobierno anterior “había simulado’’ la búsqueda de desaparecidos y prometió que en este gobierno dicha simulación se terminaría.

Hace meses que la funcionaria no ofrece resultados públicos, porque tal vez no los tiene.

Priorizar Ayotzinapa tiene sentido y mucha carga política.

Que el presidente vista una camiseta en señal de empatía es bueno, hasta plausible, pero ello no resuelve el problema de fondo.

Es falso y por lo menos maniqueo afirmar que “sólo nos falta 43’’.

Nos faltan 40,000 y a nadie en el gobierno se la ha ocurrido mandar a confeccionar camisetas con esa leyenda.

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A propósito del tema platicamos con el senador Emilio Álvarez Icaza, quien como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acompañó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante los primeros meses de la investigación realizada por la PGR.

De entrada el legislador nos hace notar una  ausencia: ¿dónde está fiscal Alejandro Gertz Manero en la nueva investigación?

Efectivamente, el doctor Gertz no ha aparecido públicamente en varios meses, pero su ausencia es más notoria sobre todo en el caso Ayotzinapa, en el cual el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha tomado su lugar.

Encinas es quien anunció los citatorios a Ángel Aguirre Rivero, al ex fiscal Iñaki Blanco y al jefe de la policía de Guerrero.

No es el papel de Encinas hacerla de fiscal pero ante la ausencia de Gertz y lo apocado del fiscal especial Omar Gómez, el subsecretario acapara los reflectores.

Ni hablar.

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A ver a ver, ¿cómo es eso de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reclamó –o aclaró- que la “política migratoria seguriá siendo parte de la política interior a cargo de la Segob?

¿A poco fue reclamo a Marcelo Ebrard?

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El domingo próximo el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, presentará su informe de gobierno.

Y entre los datos a destacar, está la reducción de 7.5% de la incidencia delictiva, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, del INEGI.

Querétaro ocupa el séptimo lugar a nivel nacional como estado seguro, según opinión de sus habitantes.

Bien.