¡Vaya forma de abaratar la Constitución!
El circo montado en el Senado por Morena y el PAN con sus iniciativas para desaparecer los Poderes de los estados de Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, no hacen sino demeritar un recursos jurídico importantísimo en nuestra legislación, utilizado ahora para una revancha de grupos.
Morena se sacó de la manga la petición de desaparición de poderes en Tamaulipas.
Que por violaciones graves a los derechos humanos, por la ejecución –en investigación- de ocho presuntos delincuentes a manos de policías estatales.
Si ese fuera el argumento, bien se podría aplicar sin ninguna duda a otros estados.
Tamaulipas es el estado que mejores resultados ofrece en materia de reducción de delitos de todos tipo; incluso su promedio está por debajo de la media nacional.
Así que por ahí no.
Guanajuato tiene índices de violencia altos, como los tiene Veracruz, pero a diferencia del estado jarocho, en el primero el crecimiento del empleo, la industria y el sector agrícola es de los más importantes del país.
Como esa, el show de la desaparición de poderes no llegará a nada porque no tiene sustancia; se trata de un revancha típica de bravucones de barrio.
Lo que sí es cierto y eso pega no sólo a los tres estados involucrados, es la reducción del presupuesto para el 2020 que reclaman los gobernadores del PAN agrupados una Asociación de Gobernadores.
Estos demandan el respeto al Pacto Federal pues según sus números en presupuesto para el 2020 contempla recortes importantes en los rubros de carreteras (44.9% ), turismo (42%), agricultura (29%) y economía (30%).
Eso sí entraña un problema que confrontará a los gobiernos estatales con el federal.
Lo de hoy en el Senado fue pura pirotécnia.
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¿Qué personajes pueden haber contratado a dos empresas que manejan 500 mil bots dedicados exclusivamente a torpedear a la nuevecita Guardia Nacional?
La pregunta no es ociosa y entraña una grave acusación de parte del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.
Porque no hay mucha gente en México que se pueda echar ese trompo a la uña: contratar a dos empresas para que permanentemente exhiban, cuestionen, critiquen a la Guardia Nacional debería ser, ese sí, un tema de seguridad nacional.
Durazo lanzó la piedra pero dejó sin responder preguntas claves y, lo más importante, tampoco dijo qué hará el gobierno al respecto.
Pero la nota pinta para un escandalazo.
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La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó la desaparición de los cinco centros de investigación que por años fueron el soporte técnico de muchas decisiones legislativas.
Los institutos que desaparecerán al finalizar el periodo ordinario en vigor son el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el Centro de Estudios de Derechos e Investigaciones Parlamentarias, el Centro de Estudios Sociales y de Opinion Pública, el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.
La decisión, promovida por Morena y aceptada por el resto de la bancadas, tiene que ver con el ahorro de recursos, aunque se calcula que en los cinco centros trabajan directamente apenas cien personas.
Porfirio Muñoz Ledo será el encargado de vigilar la desaparición de esos cinco centros que se fusionarán en uno solo para el siguiente periodo ordinario de sesiones.
Veremos.