La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados reiteró este domingo su intención de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la Sesión Ordinaria del jueves en la que fueron aprobados tres ordenamientos secundarios en materia educativa.

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron un cúmulo de errores de contenido que vulnera el texto de la Constitución Política, así como las faltas en el procedimiento legislativo.

Sin embargo, Morena y sus aliados no tomaron en consideración ninguna de las propuestas presentadas por la oposición.

Se trata de la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, y la Ley del Organismo para la Mejora Continua de la Educación que, como quedaron votadas por el Pleno, “le da la espalda a los educandos, provocará retrocesos lamentables, establecen disposiciones a modo para un grupúsculo sindical, en detrimento del derecho a la educación de 32 millones de mexicanos inscritos en los niveles educativos básico, medio superior y superior*.

En un comunicado, el líder del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks dijo que los proyectos aprobados tienen un espíritu corporativista que atenta contra la rectoría del Estado, fomenta la discrecionalidad y la corrupción.

“A Morena y a sus aliados les urgía aprobarlo, con tanta prisa que incluso el plazo otorgado a las entidades federativas para la armonización de sus leyes no coincide con la reforma constitucional, los proyectos de ley aprobados son redundantes, confusos, contradictorios, centralistas y atentan contra el federalismo educativo, dijo Romero Hicks.

Los diputados panistas integrantes de la Comisión de Educación, Marcela Torres Peimbert, Alfonso Robledo Leal, Isabel Guerra Villarreal, Annia Sarahí Gómez Cárdenas y Felipe Fernando Macías Olvera coincidieron en que tras lo aprobado en la Cámara de Diputados, no se consideró el impacto presupuestal y se desconoce cómo se garantizará la educación inicial y superior sin destinar recursos adicionales, ni tampoco cómo se va a construir el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización para garantizar a los maestros su derecho a la formación continua.

De manera particular, comentaron que se desmantela el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, evadiendo la obligación del Estado de garantizar la seguridad en las escuelas y delegando la responsabilidad de la construcción a padres de familia, docentes y alumnos, con el riesgo de incurrir en errores graves y fatales al hacerlo por la vía de la autoconstrucción.

 

CS