Como les comentamos ayer, ni la subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas ni la Fiscalía Especial, encabezada por Omar Gómez, tienen nuevas evidencias que contradigan la verdad histórica heredada por el ex procurador Jesús Murillo Karam.
Y como lo único que tienen que ofrecerle a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa es tiempo, pues lo volvieron a hacer.
Ayer, después de una reunión de los padres de los normalistas con el fiscal Alejandro Gertz Manero, el fiscal Gómez anunció que iniciarán una “investigación independiente, objetiva, clara, que rompa con la narrativa que se ha venido creando en años pasados”, es decir, que desmienta la investigación y conclusiones de Murillo Karam.
Desde ahí la “nueva investigación” ya comenzó mal.
No se puede comenzar una investigación con el propósito preestablecido de enterrar las conclusiones de otra; el fiscal tendría que haberse comprometido a encontrar la verdad, a secas, y si su investigación coincide con la de Murillo, ni hablar.
Pero atacar una indagatoria de varios años, que arrojó la detención de 142 personas sólo porque no cuadra con los deseos de los nuevos investigadores o los padres de los normalistas, no es ético ni sirve al país.
Otra cosa no checa con la declaración de Gómez.
El fiscal especial asegura que pedirán al Poder Judicial que ya no sigan dejando libres a los indiciados por haber participado en los hechos de hace casi cinco años.
Pero su petición, y entendemos sus gestiones, se fundamentan en la investigación de Murillo y compañía, que lograron el encarcelamiento de 142 personas, 75 policías de Iguala y Cocula y 67 civiles.
Si su encomienda es derribar “la narrativa que se ha venido creando en años pasados”, ¿por qué utiliza la investigación de Murillo para evitar el ex carcelamiento de los presuntos responsables?
Si la investigación es por consigna, está destinada al fracaso.
Al fracaso histórico.
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La discusión de las leyes secundarias a la reforma educativa comenzó en San Lázaro plagada de errores de procedimiento y hasta de una posible violación a la Constitución.
Para comenzar, el dictamen, de más de mil páginas, no se distribuyó cinco días antes de la discusión como señala el reglamento; los diputados lo recibieron la noche del martes y no les fue posible leerlo.
No se respetó el tiempo reglamentario de 24 horas para convocar a la reunión de la Comisión de Educación ni la Junta de Coordinación Política no convocó a una reunión para conocer de la ley y del dictamen.
Además de ello, los diputados de Morena pretenden aprobar el pase directo de los normalistas a una plaza federal, a pesar de que la reforma al artículo 3º. Constitucional establece claramente que todas las plazas “deberán ser distribuidas a través de procesos transparentes, equitativos y mediante convocatoria”.
Pero el jurista Mario Delgado asegura que incorporar el pase automático a la legislación secundaria no viola la Constitución, a pesar de que la reforma aprobada en mayo no menciona, en ningún renglón, dicha posibilidad.
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Cuando Yeidckol Polevnsky ya se veía haciendo una encuesta (fantasma) para elegir a su sucesor, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del propio partido reconoció que ese método no es válido para la elección del presidente nacional ni los estatales.
De acuerdo con los estatutos de Morena entregados al INE, sólo se puede utilizar la encuesta para la elección de los candidatos a puestos de elección popular.
Ni hablar, tendrá que haber elecciones.