Dentro de una semana exactamente se cumplirán cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el Gobierno busca una cabeza para ofrecerla en sacrificio por la conmemoración.

Durante su campaña, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a resolver el problema.

Ya se creó una Comisión –que nadie quería encabezar– y el asunto está directamente encomendado al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

En los nueve meses de gobierno de López Obrador, nada, absolutamente nada ha cambiado de la investigación que dejó el ex procurador Jesús Murillo Karam.

Su conclusión, a la que llamó “la verdad histórica’’ –los detuvieron, los entregaron a un grupo delincuencial, los asesinaron y los cremaron–, es la única que existe y la que, pese a promesas, no han podido desmentir.

Como informó Encinas, al 30 de agosto de 2018 se detuvo a 142 presuntos responsables, 55 eran policías de Iguala, 20 de Cocula y 67 civiles.

De esos 142, poco más de 60 han sido liberados por distintos motivos; los últimos 24, el pasado 14 de septiembre por violaciones al debido proceso.

Encinas no tiene nuevos datos sobre los hechos, no hay una investigación independiente que desmienta la versión de Murillo, pero la liberación de estos 24 –entre ellos 18 policías–, le dio materia para anunciar que investigaría al propio Murillo, a Tomás Zerón, por su probables omisiones en la investigación que facilitaron la salida de los presuntos responsables.

Algo es algo, dirá el subsecretario, pero si no fuera por la liberación de esos presuntos delincuentes, llegaría al 25 de septiembre con las manos vacías, ante un grupo de padres que confían en lo que les prometieron.

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La mejor prueba de que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, no entiende que no entiende absolutamente nada, es su defensa ante la promoción de desaparición de Poderes en el estado que abandera el PAN.

Dice el gobernador (es un decir) que “no tiene cola que le pisen’’.

Lo que no ha entendido, es que la desaparición de Poderes en Veracruz se promueve no por lo que ha hecho, sino por lo que ha dejado de hacer, que es muchísimo.

Alguien que sepa debería asesorarlo porque puede ser que reciba el apapacho de López Obrador, pero la gente ya se está cansando de la ineficiencia para gobernar.

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Dos bombas que pudieron haber estallado al Gobierno de la CDMX fueron desactivadas tan sutilmente, que nadie parece haberse dado cuenta de los desmanes que nos ahorramos los capitalinos.

Se trata de la destitución de los dirigentes de los sindicatos de Bombreros, Ismael Figueroa, y del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, Juan Ayala.

El impresentable Figueroa fue desconocido por haber falsificado firmas de 11 bomberos para su reelección; antes había sido inhabilitado 20 años por la Contraloría capitalina por haber recibido 200,000 pesos del gobierno del estado de México sin enterarlos al sindicato.

Además de las acusaciones que pesan en su contra, el ex líder tiene, nada más, ¡22! denuncias por acoso sexual que siguen su curso.

Y en el caso de Ayala, que estuvo al frente del sindicato 12 años, fue el propio Consejo de Delegados el que decidió solicitar que se le retirara la toma de nota por presuntos actos de corrupción.

Ni un vidrio roto, ni una pelea, nada que alterara la vida de esta ciudad, cuando nos habíamos acostumbrado a los gritos, sombrerazos y hasta balazos.

Ahí bien por los operadores de Sheinbaum, entre ellos la secretaria general de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez.