Con el voto en contra de la oposición, la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado, aprobaron diversas reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código, con las que se elevan las penas y sanciones a empresas fantasmas y facturas falsas.

El dictamen que alcanzó 82 votos a favor y tuvo 34 votos en contra, establece de cinco a ocho años de prisión a quien adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Los senadores de oposición votaron en contra del dictamen por considerar que existen excesos en la nueva propuesta; entre ellos considerar como una amenaza a la seguridad nacional la defraudación fiscal federal.

“Así no Presidente Andrés Manuel López Obrador”, así no se genera confianza, así no se logra crecer al 6% así no se combate la evasión fiscal, así no se combate la inseguridad. “A los verdaderos delincuentes les dicen fuchi y a los empresarios les dicen cárcel, así no señor Presidente”, fustigó el senador del PAN Gustavo Madero.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, lamentó que al gobierno de Morena, no le baste acabar con los fondos de emprendedurismo, con acosar a los empresarios, ahora los quieren meter a la cárcel.

Y parafraseando al Primer mandatario, destacó que “esta reforma está fuchi, esta reforma está guácala, para que me entiendan” y pidió a los empresarios tener cuidado, pues “la 4T los va a perseguir peor que a sicarios”.

Ante estas posturas del PRI y del PAN, la senadora de Morena, Lucía Trasviña, reviró con su estilo particular de dirigirse a sus compañeros legisladores en la máxima tribuna del país.

“Se van a joder, son unos baquetones, cínicos y sinvergüenzas. A pueblo ya no lo engañan, los empresarios que tienen sus empresas con esfuerzo, sacrificio no tienen nada que ver con los pinches empresas fantasma del crimen organizado de las que muchos de ustedes son socios”, gritó.

Fue el senador, Alejandro Armenta, proponente del dictamen quien aseguró que el objetivo es castigar “a los políticos que se vuelven delincuentes y a los delincuentes que se vuelven políticos y se disfrazan de empresarios”.

El dictamen eleva a delincuencia organizada la defraudación fiscal y a quien adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Propone también prisión preventiva oficiosa a la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

En las reformas al Código Fiscal de la Federación se establece una sanción de cinco a ocho años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Así como al que permite o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición, compra o venta de facturas falsas.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público, será destituido de sus funciones e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo público.

En estos momentos se lleva a cabo la discusión en lo particular, donde los senadores de todas las fracciones están presentando diversas reservas para modificar el dictamen recién aprobado en lo general.

JMSJ