En los últimos días ha habido una lista de conflictos de seguridad que revelarían la pérdida del control del Estado sobre la violencia criminal:
Retienen a 14 policías en Puebla y los intercambian por armas decomisadas.
En Tepalcatepec, Michoacán, los habitantes desempolvan cientos de armas de alto calibre para defenderse de criminales.
En este municipio, el pueblo quedó a merced del ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los militares no pueden intervenir y las Policías estatales simplemente no quieren actuar por miedo o por complicidad.
Las investigaciones de un colectivo de periodistas sobre el asesinato de la periodista Miroslava Breach han mostrado la incapacidad de autoridades federales y estatales de Chihuahua.
En CDMX despidieron a El Pepe, presunto narcomenudista en Alvaro Obregón, con 50 disparos al aire.
Jueces están liberando a acusados del secuestro y asesinato de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por errores en procedimiento, no por inocencia.
Estudiantes de una normal de Chiapas llegaron a Palacio Nacional a instalar en el Zócalo un campamento y fueron rechazados por policías militares que custodiaban el lugar; los estudiantes atacaron a los policías con palos e hirieron a tres. Ninguna autoridad levantó cargos.
La crisis de seguridad le corresponde a gobernadores y alcaldes porque 95% de los delitos son de fuero común; autoridades locales ignoran llamados del Presidente a que reorganicen a sus policías.
La Guardia Nacional no puede resolver la crisis de seguridad por delitos locales porque carece de facultades para investigar y generar inteligencia.
El secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reveló que hay cuando menos 50 municipios (de 2 mil 458 existentes) que están infiltrados por el narco.
La crisis de feminicidios fue ignorada por autoridades de todo el país.
Y son apenas unas pinceladas de la crisis de seguridad pública/interior/nacional.
Zona Zero
Xochimilco, podrido en la zona de las trajineras: inseguridad, asaltos, extorsiones a turistas, agresiones contra visitantes, mafia de bicicleteros, control obligatorio de estacionamientos olor a mingitorio, abusos de vendedores y ninguna autoridad policiaca que ponga orden.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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