La Secretaría de Gobernación presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal contra los funcionarios que han entorpecido el proceso para que se logren sentencias contra los presos por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, informó el subsecretario Alejandro Encinas, durante la conferencia de prensa que encabezó el mandatario.

 

“Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica (del ex procurador Jesús Murillo Karam) se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas.

“Habiendo elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos”.

 

El subsecretario recordó que de 2014 al 30 de agosto de 2018 se detuvieron a 142 personas por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, de los cuales 55 son policías de Iguala, 20 policías de Cocula y 67 civiles presuntos integrantes de Guerreros Unidos; sin embargo, de esos sólo se procesó a 70 por presunto secuestro de los estudiantes.

Se les procesó con base en 170 pruebas, de las cuales sólo subsisten 44, pues el resto se desecharon por violaciones al debido proceso.

“¿Qué ha significado esto? Que a la fecha han sido liberados 53 presuntos delincuentes de los 142 detenidos; y ahora con el precedente de la libertad ya absolutoria de Gildardo López Astudillo existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso”.

“Se está generando un pacto para favorecer el silencio y la verdad”, expresó el funcionario.

Además, se estará solicitando a la Fiscalía que se reencause la investigación.

 

Aunque se le cuestionó si existe el riesgo de que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, el subsecretario indicó que él está preso por el asesinato de Arturo Hernández, síndico de Iguala, y no por el caso de los normalistas.