La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos del Décimo Circuito rechazó el recurso de apelación interpuesto por Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), para evitar tener que dar una fianza por más de 46 millones de dólares, que impida el embargo precautorio de bienes ubicados en la Unión Americana.
El juicio que se sigue nace del incumplimiento de un acuerdo de sociedad comercial suscrito en Bolivia en 2005 por Cementos de Chihuahua con la Compañía de Inversiones Mercantiles S.A. (CIMSA).
Como parte de ese contrato, CIMSA y GCC convinieron la operación de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) estipulándose que en el que en el caso de que cualquiera de las partes decidiera vender sus acciones, daría a la otra el derecho de adquirirlas preferentemente y de que cualquier derecho y acción se dirimiría en una corte de arbitraje.
La historia se remite al 2010, cuando GCC decidió salir del negocio de Soboce notificando su decisión a CIMSA pero sin darle tiempo para que adquiriera el paquete accionario de su propiedad vendiéndolo por el contrario a un competidor peruano.
Ante ello, CIMSA llevó el diferendo al Tribunal de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) que emitió en 2015, fallo a su favor fijando el daño en 36 millones de dólares más los gastos de representación legal.
Cementos de Chihuahua se negó a pagar argumentando la no competencia de la CIAC por lo que CIMSA acudió a una segunda instancia en la Corte Federal de Colorado a cargo del juez John Kane para que se pronunciase sobre la competencia de cortes y tribunales de Estados Unidos en el caso, que le dio la razón en Febrero de 2019 y fijando ya el daño en más de 46 millones de dólares.
En otra negativa de pago Cementos de Chihuahua apeló pretendiendo una revisión de todo el caso, en tanto CIMSA solicitó que se garantizara inmediatamente la última cifra mediante embargo precautorio de bienes de GCC ubicados en la Unión Americana.
En un nuevo revés judicial, Cementos de Chihuahua perdió su acción ante la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de los Estados Unidos y quedando condenado a presentar una fianza que garantice el pago de de los más de 46 millones de dólares y, para el caso de que no lo haga, al embargo de bienes suficientes ubicados en los Estados Unidos para protección del demandante: la empresa boliviana Compañ ahi alli ia de Inversiones Mercantiles S.A. (CIMSA) dirigida por Samuel Doria Medina, excandidato presidencial de aquel país.
jhs