Alcanza lucha contra la corrupción a ex funcionarios y empresarios

Desde la asunción al poder de Andrés Manuel López Obrador, y la llegada del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, más de una decena de personas entre ex funcionarios, políticos, empresarios y militares, fueron acusados formalmente de diversos delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.

En sus etapas como aspirante, candidato y Presidente electo, el actual mandatario fijó como uno de sus principales objetivos el combate a la corrupción. Incluso, uno de sus principales argumentos es que, además de las investigaciones y procesos contra diversos personajes, es necesario estigmatizar la corrupción para que quedé en el imaginario colectivo como algo desagradable.

“Lo voy a decir duro, pero que se entienda bien, porque, ¿saben cuándo se acabará la corrupción?, cuando logremos estigmatizarla, es decir, que sea algo feo, fuchi, guácala”, ha señalado en varios de sus giras a las entidades del país.

Desde el 1 de diciembre pasado, el caso más emblemático de combate a la corrupción es la encarcelación de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y Desarrollo Agrario (2015-2018), a quien se le dictaron dos meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público.

La ex funcionaria está relacionada con el caso de la Estafa Maestra, que significó triangulaciones entre las dependencias federales, universidades públicas y empresas, para el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos.

Actualmente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está en el proceso de integración de al menos siete procesos de integración de denuncias, donde está implicada Robles, otros funcionarios y al menos 50 empresas.

Otro de los encarcelados es el abogado Juan Collado, quien es el presidente de Caja Libertad, así como defensor legal de personajes políticos como los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. A Collado lo vincularon a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

A su vez, en calidad de prófugos de la justicia se encuentran el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quien se le giró orden de aprehensión por los presuntos delitos de cohecho, lavado de dinero y defraudación fiscal. Se trata del caso de la compra de una planta chatarra a una filial de Altos Hornos de México, con lo cual, Petróleos Mexicanos perdió al menos dos mil millones de pesos.

Por ese hecho, en España, fue detenido el presidente y dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien enfrenta un proceso de extradición.

La compra de la planta chatarra de Agronitrogenados también generó investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, que derivaron en la inhabilitación y multa por 4 mil 206 millones de pesos a José Manuel Carrera, ex director de la filial PMI Comercio Internacional, debido a que fue el encargado de la compra y operación de la planta chatarra a Altos Hornos de México.

Otro de los frentes abiertos contra la corrupción es el combate al robo de combustible, por lo que, al ex encargado de seguridad de Pemex, el general Eduardo León Trauwitz, le giraron orden de aprehensión por el llamado huachicoleo.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado vincular a proceso a otros militares de alto rango, implicados en el robo de combustible y que durante el pasado sexenio se encargaron de combatir ese delito.

Los encarcelados son el general Sócrates Alfredo Herrera, quien era el segundo al mando en la seguridad de Pemex; el teniente Oziel Aldana, ex director de los cuerpos de seguridad física de Pemex, así como los tenientes Ramón Márquez y José Carlos Sánchez, ex encargados de la seguridad de Pemex en Cadereyta, Nuevo León.

Existen otros personajes señalados por diversos actos de corrupción que han obtenido amparos del Poder Judicial para evitar sus detenciones, por ejemplo, Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, así como Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de Sedesol.

Sobre el combate a la corrupción en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el politólogo José Fernández Santillán consideró que aparte del discurso, las investigaciones debe enfocarse en conocer dónde quedaron los recursos públicos desviados y para qué fueron utilizados.

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