Imaginemos un día cualquiera, en especial fines de semana.
Un grupo de personas toma la caseta de la Autopista México-Cuernavaca en Tlalpan y cobra peaje.
Nada informan a los automovilistas.
Simplemente portan pancartas con una leyenda cualquiera.
La más frecuente:
AMLO apoya a los pobres.
Y todavía se burlan:
-Usted pagaría 103 pesos, pero nosotros nada más cobramos 50.
No necesitan ser muchos: basta una treintena y si los chilangos regresan de descanso en Acapulco o Morelos, necesitan llegar a casa sin contratiempos.
No les queda alternativa: pagan.
Ahí están patrullas de la Policía federal, de la CDMX, de Capufe, pero nada hacen.
Otras veces pretextan ayuda para los desaparecidos de Ayotzinapa -lo más socorrido y constante mes a mes-, apoyo para la escuela X o necesitamos agua y Tlalpan no nos la da…
Esta escena se repite en la caseta de Chilpancingo, la penúltima antes de Acapulco; las estaciones de cobro a Querétaro o la de Puebla, no se diga en carreteras de Oaxaca, Guerrero, Chiapas…
O cualquier lugar, pues estas acciones ilegales cunden en todo el país.
CONTRA GOBERNADORES
La narración no es personal.
Es un diagnóstico que ahora mismo analiza el gobierno federal porque ha encendido sus alarmas a pesar de su carta de naturalización de protesta y su deseo de no judicializar las manifestaciones.
Pero el límite está cerca.
Hay muchos funcionarios de primer nivel inconformes con esta situación, agravada con videos donde aparecen soldados humillados, insultados, ninguneados, con armas en la mano cuyo uso tienen prohibido.
Entre esos servidores de alto nivel muy preocupados inscriba usted a dos: el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Analizan qué hacer.
Dialogan con gobernadores, pero hay un primer problema: les piden actuar contra esos grupos abiertamente ilegales.
Luego viene un segundo problema: las vías son federales y responsabilidad del gobierno central.
El tema está a discusión y, mientras, nadie actúa.
LA INÚTIL VINCULACIÓN
Rosario Robles está inútilmente presa.
Es consecuencia de una mala herencia del sistema penal mixto anterior y copiado con otro nombre por el ahora llamado pomposamente sistema penal acusatorio.
Antes se llamaba auto de formal prisión y ahora auto de vinculación a proceso.
¡Vaya imaginación!
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, lo considera un paso innecesario porque “no tiene su esencia ni naturaleza” bajo el nuevo esquema.
Debe eliminarse, subraya Guerra Álvarez en análisis pedido por esta columna, porque “va en contra de la naturaleza del modelo de justicia oral” y contraviene el sistema garantista.
El objetivo del nuevo mecanismo penal es recurrir a la prisión “como último recurso, tanto preventivo como condenatorio”.
Y si se elimina el auto de vinculación a proceso, el Ministerio Público haría la imputación, se contestaría la misma e inmediatamente se solicitaría al juez la medida cautelar.
Más ágil, más simple, más transparente.
Magnífica iniciativa, pero hagan entender a los legisladores.