¿A poco de verdad el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta decidió por su voluntad ir a La Huacana a ofrecer recursos públicos a las dizque autodefensas?
Eso parece imposible en un gobierno en el que hasta el Presidente es el encargado de otorgar permisos para viajes internacionales a investigadores.
López Obrador aseguró en su conferencia mañanera que no está de acuerdo con los grupos denominados “autodefensas’’ –que generalmente terminan en el bando contrario- y que la reunión de Peralta en La Huacana, en donde incluso colocó la primera piedra de no sabemos qué, fue una decisión personal.
Es decir que no se trata de una estrategia de gobierno.
Las declaraciones del Presidente no sólo dejan mal parado a Peralta, sino a la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue la primera en informar que “se dialogaba’’ con diversos grupos armados –ya dijo que sólo con “los buenos’’- para que depusieran las armas.
¿Entonces? ¿Es o no estrategia de gobierno?
Porque incluso en el Plan Nacional de Desarrollo –se establece que habrá un proceso de amnistía en busca de la paz.
Si ese proceso no ha comenzado, como se entendió que dijo Sánchez Cordero, ¿quién respalda las promesas que fue a hacer Peralta en La Huacana?
Y si lo hizo a título personal, ¿no merecería una sanción por comprometer al gobierno a quién sabe qué acuerdos con esos grupos armados?
Algo no checa en este tema.
El guión se les fue de las manos y ahora el gobierno no sabe cómo salir del entuerto.
Pero aún con eso la gran pregunta es, ¿qué tipo de paz negocia el gobierno de la 4T?
Si, como asegura López Obrador “el Presidente lo sabe todo’’, no podía quedar al margen de una operación tan importante.
Ya veremos.
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El alcalde de San Luis Potosí, Xavier Nava, les cobra a lo chino a los beneficiarios de los programas asistenciales.
Sucede que el alcalde anunció la compra de tres mil 600 toneladas de mezcla asfáltica en frío, para tapar los baches de la ciudad.
Pero ese trabajo lo harán los beneficiarios de los programas sociales “como una medida de corresponsabilidad’’, dijo el munícipe.
Así, el Ayuntamiento les entregará costales con 25 kilos de la mezcla para que los ciudadanos que reciben algún tipo de apoyo salgan a bachear las calles.
Que se conozca, es el primer caso en que esto ocurre.
¿Qué dice usted, es bueno o malo?
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El Congreso de Baja California no entiende que no entiende.
Y si entiende, pesan más los intereses que la propia ley.
Ayer el Congreso aprobó que se constituyera una Comisión para organizar una consulta ciudadana en la que se definirá si los bajacalifornianos quieren que su próximo gobernador Jaime Bonilla los gobierne dos o cinco años.
No entienden que no hay mayor y mejor consulta que la elección y ahí se manifestaron por dos años.
Lo demás es querer torcer la ley, moldearla a su favor en su propio descrédito.
De ese tamaño debe ser el interés no sólo político.
Y mientras los diputados locales tratan de engañar a los bajacalifornianos y al país entero, sigue sin publicarse el decreto por el que se extiende el periodo para el que Bonilla fue electo.
La razón es que en cuanto sea público cualquier bajacaliforniano, partido político u ONG lo podrá impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Guácala.