El ex candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz e integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria ratificó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por la aprobación de la Ley Bonilla ya que diputados locales recibieron entre 200 mil y 400 mil dólares.

El 19 de julio pasado, los perredistas interpusieron un recurso en la FGR contra los diputados locales por presuntamente recibir sobornos a cambio de ampliar de dos a cinco años la gubernatura del morenista Jaime Bonilla.

Martínez Veloz comentó que entregó un video al fiscal Alejandro Gertz Manero, donde el presidente del Congreso de la entidad Benjamín Gómez Macías admite que el administrador de aduanas de Rosarito –Alejandro Miramontes– le ofreció un millón de dólares.

También solicitó al Fiscal pedir más videos a un hotel de la localidad de Mexicali para verificar las personas que estuvieron presentes durante los ofrecimientos de dinero por parte de un funcionario cercano al gobernador electo.

En conferencia de prensa a las afueras de la FGR, expresó que los legisladores locales fueron citados en el séptimo piso de ese hotel entre 7 y 8 de julio para entregarles desde 200 mil y 400 dólares a cambio de garantizar la reforma constitucional.

Indicó que esta forma de operación, llena de hechos de corrupción que trastoca la vida institucional de la República, genera una gran incertidumbre nacional y calificó como prioritario que el Gobierno federal asuma su responsabilidad.

“Debe revisar cada uno de los actos y tomar las medidas correspondientes, desde el punto de vista jurídico, para evitar que se pueda producir desde Baja California una ruptura al pacto fundacional de nuestro país”, refirió.

Por su parte el dirigente del sol azteca Ángel Ávila expresó su preocupación por el antecedente que se puede generar al dar paso a la Ley Bonilla, resaltó que el PRD hará todo lo posible para detener esta contrarreforma político-electoral.

“Nos queda muy claro que es un laboratorio para Morena, no podemos permitir que los Congresos comprados puedan alargar o acortar los periodos constitucionales, ya que generaría un precedente a nivel nacional riesgoso para la vida y estabilidad del país, por eso vamos a encabezar esta lucha”, apuntó.

Subrayó que es una prueba de fuego para la Fiscalía, si verdaderamente va a actuar con autonomía, y le pidió a Gertz Manero que tome en sus manos de manera personal el caso.

Reforma incosntitucional

El 18 de julio la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, comentó como ministra en retiro que la reforma es inconstitucional.

“En mi opinión, pero ya no como secretaria de Gobernación, en mi opinión como ministra en retiro, por supuesto que es una reforma inconstitucional, en mi opinión, pero yo como secretaria de Gobernación tengo que ser absolutamente respetuosa del Congreso local”, refirió.

LEG