La vinculación a prisión de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es muestra de que no existe impunidad, sino Estado de Derecho, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la nueva fase del juicio.

 

“Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de Derecho, no como antes que era un Estado de chueco, de cohecho”, expresó en conferencia de prensa.

 

En ese sentido, resaltó que el juicio seguirá su cauce como ha sido hasta ahora: con autonomía, pues ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni el Poder Judicial consulta con el Ejecutivo.

 

En particular, dijo que al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sólo lo ha visto en dos o tres ocasiones en actos oficiales y no tiene comunicación telefónica ni palomas mensajeras con él.

 

El mandatario enfatizó que serán los jueces quienes decidan si se cita a declarar a más funcionarios, luego de que en la audiencia la defensa de Robles arguyó que el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, tenían conocimiento del desvío de más de 5 mil millones de pesos en la Sedesol.

 

“Se debe llevar a cabo un juicio en estos días, hay un término legal para ver si procede el amparo o no procede, eso lo decide la autoridad judicial.

 

“Acerca del involucramiento de otros servidores públicos, eso también es parte de la investigación y el juez es el que va a decidir”, expresó.

 

AMPLÍAN INVESTIGACIÓN

 

 

En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, prepara una nueva denuncia en contra Robles y sus principales colaboradores, luego de que se detectaron 105 contratos irregulares, adicionales a los que ya habían sido reportados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la FGR, cuyo monto asciende a más de 800 millones de pesos.

 

De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la UIF, en este momento se mantienen congeladas siete cuentas bancarias, una de la ex secretaria de Desarrollo Social y seis más de sus colaboradores, que en conjunto reportan cerca de 12 millones de pesos.

 

En una entrevista, enfatizó que la unidad a su cargo está haciendo el análisis de la información y de localización, particularmente de empresas fachada.

 

“El problema es que se utilizaron a las universidades, vía la aplicación del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, por adjudicación directa, pero para empresas que tenían muy poco tiempo de constitución, que tenían testaferros o prestanombres como accionistas y que finalmente representaron una afectación al erario. Al presupuesto mexicano”.
El titular de la UIF, evadió responder si la investigación llegará a las cuentas del ex presidente Peña Nieto y a José Antonio Meade.

 

 

 

jhs