En octubre pasado, promoví en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo sobre las caravanas migrantes que en ese momento tenían puesta la atención mediática. Finalmente la propuesta derivó en un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que se presentó en la sesión del 23 de ese mes, que incluía, además, varios temas propuestos por los grupos parlamentarios. Entre los puntos que consideraba mi propuesta exhortaba a las autoridades mexicanas a promover un Encuentro de Alto Nivel con los países centroamericanos y de Estados Unidos, en donde se elaborara una estrategia regional para mejorar el proceso migratorio, pero también se analizara el tráfico ilícito de personas y armas.

El tráfico ilícito de armas ha sido un tema que ha ocupado mi atención desde hace tiempo. Como diputado local, en la pasada Asamblea Legislativa, también presenté sendas propuestas al respecto. Lamentablemente los hechos ocurridos el fin de semana en Texas y Ohio, Estados Unidos, nos llevan a revisar nuevamente el rezago legislativo que aún se tiene en ambos lados de la frontera.

Es importante mencionar que la respuesta del Gobierno mexicano ante esos terribles eventos que ha calificado como “actos terroristas” ha sido pronta y adecuada. Por un lado, el Presidente ha instado a los legisladores de ese país a adecuar la ley de armas a la realidad, a fin de controlar su venta indiscriminada. Por su parte, la cancillería anunció que México, a través de la Fiscalía General, presentará denuncia contra quien cometió los asesinatos. Ésta sería la primera ocasión que se inicie una carpeta de investigación de esta naturaleza que, sin duda, sienta precedente.

Pero considero que en nuestro territorio también es necesario hacer una actualización de nuestra legislación. Es frecuente que en los reportes noticiosos sobre los delitos y la criminalidad, el uso de armas vaya en aumento. Los datos resultan reveladores. Una investigación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados señala que en la nación circulan 15 millones de armas de fuego, de las cuales 13 millones son ilegales.

Sobre su origen, señala que al país se introducen “cada día dos mil armas de manera ilegal, procedentes de Estados Unidos”. Además, de acuerdo al estudio, “más de 10% de las armerías estadounidenses están instaladas en la frontera con México, concentradas en California, Arizona, Nuevo México y Texas”.

Los esfuerzos por eliminar el uso indiscriminado de armas si bien implica compromisos y obligaciones de cada país y la actualización de su legislación, también es necesario emprender acciones regionales para sancionar y eliminar el tráfico ilegal de armas. Ése podría ser un buen compromiso para abatir la delincuencia y eliminar “actos terroristas”, como el que segó la vida de nuestros connacionales.