El tema de la cancelación del programa de estancias infantiles ha derramado muchísima tinta en los últimos meses; sin embargo, parece que el asunto entra a su recta final. Hay que recordar que la actual administración federal decidió cancelar el programa mediante el cual se daba atención a más de 300 mil niños que acudían, aproximadamente, a 10 mil estancias en todo el país.

Se interpusieron más de cuatro mil amparos contra la cancelación de dicho programa. En varios se otorgó suspensión definitiva e inclusive hubo otro donde se dictó sentencia de fondo sobre la inconstitucionalidad de dicha medida. No obstante lo anterior, por orden de nuestro más alto tribunal, ningún juez podrá resolver más asuntos sobre el tema, hasta que la Suprema Corte fije criterios para que los demás juzgadores resuelvan.

Es importante señalar que existe una recomendación de la CNDH que señala la necesidad de establecer un mecanismo que, independientemente de su denominación, restituya -retroactivamente- a niños, padres y madres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles, los derechos que les fueron violados.

No obstante que el Presidente de la República afirmó, en diciembre pasado, aceptaría todas las recomendaciones de la CNDH, hoy nos encontramos que -en la primera recomendación por actos de su gobierno- decide no hacerlo.

En su contestación, la Secretaría de Bienestar pretende justificar lo injustificable aplicando la descalificación, tanto hacia la CNDH como al programa de estancias infantiles.

En su negativa afirma que la medida no es regresiva ni afecta los derechos humanos de los menores, ya que entrega el recurso directo a los padres, cuestión que NO es suficiente para que el nuevo programa cumpla con el principio de progresividad establecido en nuestra Carta Magna, y mucho menos con las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Para empezar, se entregan 150 pesos menos por niño beneficiario, no tienen el seguro contra accidentes con el que las estancias infantiles contaban, anteriormente los menores tenían como acreditado el primer año de preescolar, existía una alimentación adecuada, vigilancia de su salud, estimulación temprana y educación inicial, así como detección oportuna de discapacidades; el nuevo programa no brinda mecanismos de control y auditoría eficaces.

Por lo anterior, la CNDH decidió activar el mecanismo que establece nuestra Carta Magna para estos casos y solicitó al Congreso de la Unión cite a comparecer a la Secretaría de Bienestar, para que explique su negativa, y en caso de que las causas que haga valer sigan siendo insuficientes, el ombudsperson tiene la facultad de denunciar a los responsables ante el Ministerio Público, por las afectaciones generadas con su negligencia en su actuar.

Las próximas semanas son vitales sobre el futuro de miles de menores y de madres trabajadoras. Espero que prevalezca la prudencia y se ordene al Gobierno federal restituir el multicitado programa.