El estado de Guanajuato que “gobierna” el panista Diego Sinhue atraviesa por una situación de emergencia en el ámbito de la seguridad, pues el fin de semana quedó de manifiesto que el crimen organizado le está ganando la batalla a las autoridades.
En un franco desafío a la Policía, un comando armado, conformado por al menos ocho personas, ingresó a los separos de la Policía municipal de Valle de Santiago, donde asesinó a cinco internos, liberó a un sujeto que se encontraba detenido por el delito de portación de arma de fuego y dejó encerrados a los custodios.
Este incidente ocurrió a sólo dos días de que el subdirector de Seguridad Pública de ese municipio sufriera un atentado a balazos, cuando transitaba por la carretera federal Salamanca-Morelia, evento del que inexplicablemente resultó ileso…
Pero la cadena de acontecimientos de esta naturaleza no paran ahí, ya que en abril pasado hombres armados entraron a la comandancia norte de la Policía de Celaya; ahí mataron al juez calificador y a un detenido, además de que sustrajeron a una persona que estaba bajo resguardo de las autoridades.
Apenas la semana pasada fueron localizados dos cuerpos envueltos en bolsas en la autopista Salamanca-Querétaro, con lo que sumaron 12 los cadáveres que fueron arrojados a la vía pública en los últimos siete días.
Incluso, las ciudades de Guanajuato y San Miguel de Allende, declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, han registrado un incremento en delitos como el robo a casa habitación, negocios y vehículos, mientras que el número de homicidios relacionados al crimen organizado registra una tendencia al alza.
De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en los últimos meses estos dos destinos han sido el escenario de enfrentamientos armados a plena luz del día, pero también de asesinatos de policías municipales, lo que pone en grave riesgo la seguridad de los turistas, nacionales y extranjeros.
Hace un par de meses, el Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública y Justicia Penal AC ubicó a la capital del estado en el primer lugar de los municipios más violentos de 2018, resultado de las pugnas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, que se disputan el control del robo de hidrocarburos, así como el de trenes y camiones de carga.
Aunque el Congreso local ha modificado el Código Penal para endurecer los castigos a quienes lleven a cabo actos delictivos, se antoja muy difícil que en el corto plazo se pueda revertir la tendencia criminal, después de tantos años de complicidad y omisión por parte de algunas autoridades de Guanajuato.
ADEUDO MILLONARIO DE PEMEX Y CENEGAS
En Tabasco las afectaciones a ejidos por parte de Pemex y Cenegas que, incluso ya han sido reconocidas, han generado gran descontento entre la población.
Pero ahora la “Ley Garrote” parece un freno, precisamente para exigir derechos, porque la infraestructura instalada ha afectado una gran extensión de áreas de cultivo.
Desde 2016 se acumula un adeudo de 150 millones de pesos a tres mil ejidatarios afectados, de manera especial en la zona de Huimanguillo y Centla, sin embargo el pago para resarcir el daño es fecha en que no llega.