Foto: Especial La Procuraduría ya emitió una alerta migratoria para que esa mujer sea detenida en dado caso de que pretenda abandonar el país  

Vanessa Ballar Fallas, de 53 años de edad, sería la identidad de la mujer que estuvo en la misma mesa que Benjamín Yeshurun Sutchi y Alon Azulay, los ciudadanos de origen israelí asesinados en el interior del restaurante Hunan el 24 de julio pasado, de acuerdo con agentes de investigación consultados por 24 HORAS.

Las fuentes afirmaron que la implicada tiene dos domicilios registrados a su nombre, ubicados en la colonia Narvarte y en Avenida Chapultepec, aunque no dieron la ubicación precisa.

Originalmente, dicha persona fue identificada como Vanessa Bayer, nombre que dio en el local comercial cuando reservó una mesa para tres. La implicada sería de origen franco-español y al parecer tiene familiares en Costa Rica.

Sin embargo, la Procuraduría ya emitió una alerta migratoria para que esa mujer sea detenida en dado caso de que pretenda abandonar el país.

De acuerdo a agentes de la Policía de Investigación, Vanessa Ballar Fallas sería vicepresidenta de una empresa con base en Miami, Florida, Estados Unidos, donde la mujer también tendría una residencia.

“Al momento, se han analizado a conciencia todos los videos captados por las cámaras de seguridad del restaurante y de la plaza comercial, así como del C-5 (…) y de ahí se ha derivado también que la Güera fue quien dio la señal para que Esperanza N. (la sicaria detenida por los asesinatos) se levantara de una de las mesas y accionara su pistola”, señalaron las fuentes consultadas.

En contraste, Esperanza N. la presunta asesina de los dos israelíes, vivía en la colonia Selene, ubicada en la alcaldía Tláhuac, en una casa que porta una placa distintiva que reza “Aquí se aplicó el programa Piso firme”.

 

Agentes de PDI logran aumento

Policías de Investigación lograron el cumplimiento de acuerdos laborales por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, luego de que más de 300 elementos se apostaron frente al edificio sede de la PGJ, conocido como el Bunker.

Entre sus principales peticiones se encontraba la homologación su salario al de un agente del Ministerio Público, toda vez que, afirmaron, ganan tres mil 400 pesos a la quincena.

Posteriomente, en una reunión privada con la procuradora Ernestina Godoy, se acordó otorgarles horarios de 24 por 48 horas y un aumento salarial de 9%.

LEG