Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que investigan posibles triangulaciones de recursos al extranjero de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la gestión de Rosario Robles, por lo cual las indagatorias demorarían hasta dos semanas.
En el marco de una conferencia de prensa de la organización civil Unidos contra la Trata, Nieto Castillo confirmó que se indaga a 50 empresas que se utilizaron como fachada en el caso conocido por como la Estafa Maestra.
Detalló que las investigaciones apuntan a 122 objetivos, que se utilizaron como una red para el desvío de recursos destinados al combate a la pobreza, por lo que recaban datos de posibles triangulaciones monetarias al extranjero.
El titular de la UIF informó que las investigaciones involucran a seis altos funcionarios de la administración anterior, de quienes se reservó sus nombres por ser parte de un proceso en curso; además, aclaró que hasta el momento no existe bloqueo a cuentas bancarias de los implicados.
Entre los investigados por la Unidad, según información extraoficial, se encuentran Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, así como Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de esas dependencias.
Sin prisión preventiva
En tanto, un juez federal concedió una suspensión provisional que imposibilita a la Fiscalía General de la República (FGR) de efectuar cualquier orden de aprehensión en contra Rosario Robles, quien es señalada por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Este martes el abogado Julio Hernández Barros afirmó que en todos los contratos que celebró su cliente en Sedesol y Sedatu hay un entregable acorde a lo contratado, así como en los términos del mismo y por un monto del mercado, sin sobreprecio.
Por su parte, Jorge Olvera, quien fungió como defensor de Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, comentó que la audiencia inicial de Robles –supuestamente programada para el 8 de agosto– será para que le informen que está sujeta a una investigación por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa.
“Pero el Ministerio Publico pudiera pedir como medida cautelar la prisión preventiva justificada por necesidad de cautela, ¿qué tendría que justificar? Que en caso de que la dejaran en libertad pudiera evitar la acción de justicia e irse del país”, refirió a 24 HORAS.
El abogado y académico de la UNAM, Rodrigo Roberto Martínez, manifestó que posiblemente encuadren el delito como corrupción porque se estaría hablando de desvíos de recursos y ameritaría prisión preventiva oficiosa, “tiene una audiencia de vinculación a proceso, con el amparo podría evadir la audiencia, estaría justificada su inasistencia”.
Por otra parte, fuentes consultadas indicaron que existen elementos necesarios para proceder penalmente contra el empresario argentino Carlos Ahumada, esto por la denuncia que presentó la ex titular de la Sedesol el 21 de agosto de 2013 donde lo acusó por extorsión.
Mientras que José Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz durante la administración de Vicente Fox, solicitaron un amparo contra la orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de confianza y manejos indebidos de recursos en la administración de la empresa “Oro Negro”.
LEG