El más acabado –y peligroso- ejemplo de las contradicciones del autodenominado Gobierno del cambio ocurre en Tabasco.

El Congreso local aprobó ayer en las Comisiones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, modificaciones al Código Penal del estado para castigar hasta con ¡13 años! de prisión a quienes protesten en vías públicas o impidan “la ejecución de obras públicas en la entidad’’.

La propuesta del gobernador Adán Augusto López –de Morena, obvio- busca allanarle el camino a la construcción de la refinería de Dos Bocas, con la que no están de acuerdo ni los propios tabasqueños.

La criminalización de la protesta en Tabasco es absolutamente contradictoria con el discurso oficial de López Obrador, que un día sí y otro también se dice respetuoso de la libertad de manifestación y de protesta.

López Obrador se negó a desalojar a los miembros de la CNTE en Michoacán que bloquearon por más de un mes la vías del ferrocarril, provocando pérdidas multimillonarias a varias empresas que jamás recuperaron su dinero.

También se ha negado a desalojar a quienes han hecho de las tomas de casetas de cobro una industria para beneficio personal o de grupo.

Pero ahora, ante las eventuales protestas en contra de la construcción de una refinería que los expertos consideran un elefante blanco, el Gobierno de la 4T busca vacunarse sin que le importe ser exhibido en sus contradicciones.

Según la iniciativa aprobada ayer en Comisiones y que hoy será debatida –y aprobada seguramente- en el pleno del Congreso local, los castigos serían los siguientes:

De uno a cinco años de prisión para quien o quienes cometan el delito contra la libertad de tránsito; si se hacen acompañar de menores de edad, la pena será doble.

De uno a ocho años a quien obstaculice alguna vía local de comunicación, dificulte el servicio público local de comunicación, secuestre o retenga un medio de transporte público de personas o de carga.

Y de seis a 13 años a quien cometa el delito de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas.

En 1996, López Obrador encabezó la toma y el incendio de pozos petroleros en Tabasco; en 2006 tuvo cerrado Paseo de la Reforma, en la CDMX, por más de seis meses.

Tabasco, al igual que Baja California, puede ser un laboratorio para probar el endurecimiento de la política hacia marchas y plantones, pero sólo para aquéllos que atenten contra los proyectos del Gobierno del cambio.

Así las cosas.

****

El Congreso del estado de Hidalgo es mayoritariamente de Morena; en uno de sus municipios se planea construir el nuevo aeropuerto “de la CDMX’’, ¿también habrá una ley que impida los ciudadanos contrarios al proyecto manifestarse bajo amenaza de cárcel?

Es pregunta.

Lo mismo para los Congresos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, por donde pasará –algún día- el Tren Maya.

****

Vanessa Rubio es hoy senadora y fue subsecretaria de Hacienda con José Antonio Meade, en la administración de Peña.

Es una conocedora del tema financiero, del tema presupuestal y de otros que tienen que ver con la hacienda nacional.

Y pese a sus cartas credenciales, contagiada del pasmo en el que vive la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, ha mantenido un bajísimo perfil.

Ayer por fin opinó sobre el tema de moda, el crecimiento económico, que es su campo, y sobre el cual no había expresado nada.

Dijo que el país crecerá este año por debajo de 0.5%… si bien nos va.