Por: Alejandro Granados / Daniela Wachauf / Karina Aguilar
El presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, acudió este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a interponer una controversia constitucional contra la ampliación del periodo de gobierno del Morenista Jaime Bonilla Valdés, de dos a cinco años.
En entrevista, el alcalde indicó que la controversia es por el indebido proceso de no haber llamado a los ayuntamientos a votar la aberrante reforma donde se agregan años al periodo de gobierno.
“Acudimos como gobierno municipal porque tenemos acción jurídica para hacerlo, cuando se hacen reformas constitucionales en Baja California el debido proceso establece que los ayuntamientos deben ser citados y escuchados previamente a cualquier reforma que se haga en el estado y esto no aconteció”, explicó.
Aunque aún no se ha publicado este decreto, el presiente municipal de Mexicali dijo que los ayuntamientos no están obligados a esperar a que a la publicación de la promulgación para impugnar el proceso legislativo.
Sánchez Vázquez detalló que para que la reforma sea válida, las cinco alcaldías de Baja California deben validarla, para después el Legislativo loca apruebe todo el proceso, situación que no ha ocurrido.
El panista hizo una llamado a sus pares de Tijuana, Tecate, Rosario y Ensenada para que promuevan un recurso similar e impugnen ante la SCJN la llama “Ley Bonilla”.
Es la primera acción constitucional que se promueve ante la SCJN contra la ampliación del periodo gubernamental en Baja California que fue aprobado el pasado 8 de julio.
Donde 21 diputados votaron a favor de modificar el artículo 8 transitorio para cambiar la fecha de la administración estatal del 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2024 del gobernador electo por el partido de Morena, Jaime Bonilla, la cual ha tenido una serie de críticas y debate público debido a sus implicaciones.
Los periodos de presidencias municipales y diputados locales quedaron intactos por lo que serán de dos años y culminarán en 2021, por lo que de todos modos habrá una elección en 2021.
Frase: El acto reclamado tiene que ver con el indebido proceso porque no hemos sido llamados”: Gustavo Sánchez Vásquez, presidente municipal de Mexicali, BC.
Ni a favor ni en contra de reforma, afirma Peralta
Por: Daniela Wachauf
El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, dijo que no está a favor ni en contra de la reforma que aprobó el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla del partido Morena.
Peralta recordó que hace una semana escribió un artículo donde plasmó su punto de vista personal no de una vocería de Gobernación, ni del subsecretario, “a título personal donde señalo que no solamente tiene facultades ni atribuciones cualquier congreso del país para modificar sus propias leyes”.
Subrayó que la ley simplemente tiene atribuciones, añadió que si esto es antidemocrático, si está bien o está mal, eso lo definirá eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Beatriz Paredes pide claridad a Segob
Por: Karina Aguilar
Tras calificar de ilegal e inadmisible las reformas para ampliar el período del próximo gobierno de Baja California, la senadora del PRI, Beatriz Paredes, pidió que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronuncie con claridad sobre el caso.
Recordó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya avaló rechazar las decisiones del Congreso local de Baja California.
Paredes Rangel sostuvo que los cambios legales de ninguna manera pueden ser retroactivos, “acciones como esta son una falta de respeto al sentido común, y sobre todo al marco constitucional que nos rige, a la vida de la legalidad con la que deben conducirse los gobernantes y los dirigentes políticos”, puntualizó.
Por ello, pidió que más allá del pronunciamiento como ex ministra, Olga Sánchez emita una postura oficial como titular de Segob.
Destacó que si bien la recomendación del Congreso de la Unión a cancelar las reformas en Baja California, es contundente y está apegada a sus facultades, existen otras atribuciones de carácter jurídico más consistente y mucho más rígidas, por lo que advirtió que si quienes manipularon ese proceso “no son capaces de reflexionar, es muy probable que se llegue a extremos no deseables”.
LEG