La Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) firmaron un convenio para vigilar las operaciones de funcionarios y empresas, con el objetivo de evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero, éste último se calcula de entre 20 y 30 mil millones de pesos anuales en el país.

La secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, explicó que el mecanismo de colaboración permitirá detectar a funcionarios que evadan sus obligaciones fiscales o estén implicados en presuntos actos de corrupción, así como empresas que tengan contrataciones públicas y actúen de manera ilegal.

“Con este convenio, nuestras instituciones serán elementos clave para construir un México más íntegro, donde el Estado gaste mayor y cuide los proyectos de desarrollo”, manifestó la funcionaria.

La colaboración pretende aprovechar las tecnologías, garantizar la protección de datos personales y, al mismo tiempo, evaluar mejor la evolución patrimonial y los conflictos de interés de los servidores públicos.

A juicio de la titular de la Función Pública, se tiene que “construir una Nueva Ética Pública donde todos cumplamos con nuestras obligaciones y seamos parte de un México más honesto. Ahora, queremos profundizar nuestra colaboración para cerrar espacios a la corrupción; para trabajar juntos, compartir información y experiencias; para fortalecer el cumplimiento de la Ley y construir una cultura de integridad”.

En tanto, la jefe del SAT, Margarita Ríos-Farjat, detalló que con el convenio, la Función Pública tendrá acceso a información confidencial, incluso sobre el secreto fiscal, para comprobar que las empresas contratistas del gobierno cumplan con sus obligaciones fiscales.

Sobre esa colaboración, la titular de la Función Pública afirmó que los datos del SAT serán fundamentales también para que la Función Pública identifique y reconozca a las empresas que se conducen con probidad, puesto que no sólo se necesita de la sanción de la corrupción, sino también del reconocimiento a la integridad.

 

Ponen lupa

Habrá intercambio de declaraciones públicas de funcionarios, para que desde el SAT se compruebe la evolución de su patrimonio y se eviten actos de corrupción.

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