El pasado 30 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del titular de Sedena, Gral. Luis Cresencio Sandoval y de Semar, Almte. Rafael Ojeda Durán, dieron inicio al despliegue de la Guardia Nacional (GN) en el país. Hasta el día de hoy, la GN cuenta con presencia en 25 entidades, incluida la CDMX. La mandataria Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida la semana anterior en la alcaldía Iztapalapa. De esta manera, la Guardia Nacional comenzará con 70 mil elementos y estará en 150 regiones del país, se espera que crezca de manera gradual hasta cubrir 266 regiones con 150 mil elementos.

La Guardia Nacional se crea para atender una tarea que no sólo le compete a la federación y que representa el fracaso en la formación de policías estatales y municipales confiables, ya que —salvo en contadas excepciones—, no se han creado las capacidades institucionales suficientes para hacerle frente a la delincuencia. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo (SESNSP), el porcentaje de delitos de fuero común es del 92.8% (de enero a mayo), por lo que estados y municipios deberían ser los primeros en atender esta problemática.

Lamentablemente hemos visto (y no sólo en este sexenio, sino también en los previos) que los gobiernos descuidan la formación de sus elementos. No se invierte lo suficiente y cuando comienzan a tener incrementos importantes en la incidencia delictiva, se solicita la intervención del gobierno federal reconociendo su fracaso. Esto último, lo hizo recientemente el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quién mencionó “si el gobierno federal no ayuda, nosotros no podemos”.

Dicha situación revela lo transcendental que es la construcción de capacidades estatales y municipales para las policías. Por ello, es importante desarrollar un modelo de policía de proximidad que cuente con algunas condiciones básicas. Que sea una fuerza suficiente. Naciones Unidas recomienda tener al menos 300 policías por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la ENECAP (INEGI) sólo la CDMX cuenta con una fuerza superior. Sueldo acorde a la labor que realizan. Que el sueldo que perciban les brinde ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas (en el ámbito estatal y municipal apenas el 67.4% lo tiene). Nivel educativo elevado. Una formación académica elevada se traduce en un mejor desempeño en su labor; el promedio de escolaridad de los policías estatales y municipales es de 12 años, equivalente a nivel medio superior.

No sólo deben de contar con una mejor formación personal y un salario justo. Para que se dignifique la labor que realizan, debe implementarse un sistema de beneficios de seguridad social que incluya a sus familias. Que tengan seguros de gastos médicos mayores y seguros de vida, becas escolares para sus hijos y beneficios laborales para sus esposas o parejas (que sean las primeras consideradas en puestos dentro de la administración pública). Estas condiciones familiares les permitirán desenvolverse en su labor, de tal manera que se sientan seguros en el cumplimiento de su deber. Que sepan que detrás de ellos hay un gobierno que los respalda. En resumen, un esquema de 360 grados que tome en cuenta a los policías en todas sus dimensiones: laboral, familiar y en su desempeño profesional. Esto les permitirá actuar de manera eficaz y reducir de manera importante la incidencia delictiva.

Se trata de dignificar la labor que realizan los policías, porque no todo pasa por un tema de tecnologías o de equipo, como la mayoría de los gobiernos lo hacen. Se puede tener el mejor armamento y lo último en tecnología (que sin duda ayuda), pero de nada sirve si no existe el compromiso del elemento humano. Además, este esquema permitirá a los policías actuar con profesionalismo, pues de lo contrario verían comprometidos todos los beneficios que reciban.

Estas soluciones requieren no sólo de voluntad política para llevarse a cabo, sino también de recursos suficientes. En ese sentido otro compromiso de los gobiernos sería mejorar el sistema de recaudación para no depender exclusivamente de las transferencias federales. Nada es más importante que la seguridad de los ciudadanos, por lo que el costo no debería ser un problema.

 

* Arturo Ávila Anaya, presidente IBN/B Analitycs y experto Seguridad Nacional.